La semana estuvo dominada por un debate de dimensión internacional sobre la no renovación de la concesión a RCTV adoptada por el gobierno venezolano y refrendada por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. En ese espacio, desde las primeras horas del lunes 28 de mayo está trasmitiendo TVes como primer canal de servicio público de Venezuela. Manifestaciones múltiples en contra y a favor de esa medida se han estado desarrollando estos días en Caracas, con la particularidad de que los canales internacionales magnifican las primeras y minimizan las últimas.
NIKO SCHVARZ – La República − Montevideo
LA CNN ha hecho punta en este sentido, aunque ya venía desplegando esta campaña en forma prioritaria desde que el gobierno anticipó dicha medida. Otras televisoras venezolanas como Globovisión, de Federico Alberto Ravell, se han acoplado y agregaron sus dosis de veneno a esta campaña, que tuvo como repetidoras a nivel de prensa escrita El Mercurio de Chile (el panegirista del pinochetismo) y otros de similar calaña.
Manipulaciones de CNN y Globovisión
Entre las maniobras desprovistas de ética periodística en que incurrió la CNN, inscritas en su ataque sistemático contra el gobierno venezolano a diapasón con la política de Bush, destacan varios hechos. En vísperas del día D, en una información sobre los sucesos venezolanos aparece el presidente Chávez acompañado de imágenes de una manifestación en protesta contra el asesinato de un periodista (que en realidad había ocurrido en Acapulco, México). Cuando se denunció el hecho, CNN reconoció que se trataba de un error de compaginación y pidió excusas (una vez y a la carrera). Repetidamente aparecía en la pantalla Chávez lado a lado con Osama bin Laden. Otro ejemplo, de Globovisión: en su programa "Aló Ciudadano" entrevistaron al director general de RCTV, Marcel Granier, y mientras tanto transmitían imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II en el Vaticano con un fondo musical de la canción de Ruben Blades "Esto no termina aquí", en lo que fue interpretado como una incitación al magnicidio. No se olvide el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que secuestró al presidente y se proponía eliminarlo, y el llamado de Carlos Andrés Pérez desde Miami a usar un fusil de mira telescópica para resolver el diferendo venezolano.
Nadie, ni en Venezuela ni en ninguna otra parte, ha contestado la legalidad de la medida, adoptada exactamente al término de la concesión de 20 años decretada por el gobierno de Jaime Lusinchi. El Poder Legislativo la refrendó. Se apeló, y la apelación fue denegada por los órganos competentes, tras lo cual el espacio fue cedido a productores comunitarios, ampliando la pluralidad de los medios de comunicación. Tampoco puede negarse que desde 1999, y en particular después del golpe de Estado, RCTV y demás medios desenvolvieron su prédica opositora en los términos que quisieron (a menudo agraviantes y difamatorios, como pudimos verlo estos días), sin que pasara absolutamente nada. Ningún periodista fue preso, ninguna nota opuesta al gobierno dejó de difundirse. Por el contrario, los únicos medios de comunicación clausurados en los últimos años, lo fueron por disposición de un gobernador y de un alcalde de la oposición, en perjuicio de órganos alineados con el gobierno. Los golpistas cerraron el estatal canal 8 mientras Chávez estuvo secuestrado, y en 2003 el alcalde mayor de Caracas, el opositor Alfredo Peña, clausuró por varios días la emisora comunitaria Catia TV. Por otra parte, RCTV podrá seguir saliendo al aire por el sistema de cable y continuar operando sus otros diversos medios de comunicación. Lo mismo acontece con los restantes medios.
Clausuradores y golpistas
Un grupo de compatriotas residentes en Venezuela ha destacado estos últimos hechos en una carta enviada al Directorio del Partido Nacional, publicada ayer por LA REPUBLICA. La razón es que el órgano de conducción política presidido por el senador Larrañaga condenó en forma virulenta la decisión del gobierno venezolano; lo mismo hizo el ex presidente Lacalle y el diputado Trobo extrapoló este pronunciamiento acusando por anticipado al Frente de intenciones similares. No puede dejar de recordarse, en este sentido, que fue precisamente el gobierno de Lacalle el que el 26 de agosto de 1994 clausuró de un plumazo por 48 horas las radios Panamericana y Centenario, y por otra resolución de ese mismo día revocó la autorización otorgada a la primera para explotar la onda CX44.
Los antecedentes golpistas de RCTV son innegables. Junto a Globovisión y a Venevisión del magnate Gustavo Cisneros fueron los sostenedores del golpe de Estado y le aseguraron a Pedro Carmona, el empresario golpista prófugo, el pleno sostén de los medios de comunicación. La presencia de Marcel Granier y de los demás dueños de RCTV en el juramento de Carmona está documentada, y el hecho fue reproducido estos días por Telesur. Consta también en el formidable documental "La revolución no será trasmitida", de Kim Bartley y Donnacha O'Brian, que proporciona una mirada lúcida desde el interior del golpe. Según David Franco Monthiel, el documental "denuncia las malévolas capacidades manipuladoras de los medios privados y cómo se conspira contra un gobierno democráticamente electo. Vemos la clara manipulación de los sucesos de Puente Llaguno y las imágenes inéditas donde los canales de TV confiesan cómo organizaron el golpe junto al alto mando militar".
En esta maniobra RCTV estuvo metida hasta el pescuezo. Con este agregado: cuando se produjo la formidable contraofensiva popular para restituir a Miraflores al presidente, ocultó toda la información y difundió dibujitos made in USA.
Proyecciones latinoamericanas
De las 709 radios existentes en Venezuela, 706 pertenecen a empresas privadas y tres a entidades estatales. De los 81 canales de TV, 2 son estatales y 79 privados. De los 118 diarios (12 de carácter nacional y 106 regionales), todos son privados.
El tema de los medios se proyecta al ámbito latinoamericano, sobre todo como factores de poder y en sus vínculos carnales con el gran capital y sus conexiones políticas. No es casual lo que sucede ahora con Rafael Correa, enfrentado a la campaña insultante y desestabilizadora de la gran prensa ecuatoriana. El presidente hondureño Manuel Zelaya choca con los dueños de los medios en su propósito de realizar una cadena de radio y TV diaria. En México, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la renovación automática, sin licitación, de las concesiones de radio y TV porque no permite la "libre concurrencia" en los medios. En el fondo, lo que está en juego es que la población pueda acceder a una información múltiple, diversificada y veraz, basada en normas éticas y ajena al círculo de influencia dominante del gran capital. En este sentido, Venezuela está dando un paso adelante. *
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