30 octubre 2008

Un prolongado genocidio

TODO: El articulista escribe con cierta frecuenciA en EL PAÍS. He leído con mucho interés el tema del "prolongado genocidio", bien fundamentado y con ejemplos irrebatibles. Aunque debo confesar que la omisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina, me han llamado la atención. El período de los dictadores como Pinochet, Videla y Sanguinetti (por mencionar a los más destacados y crueles), dejó un tendal de víctimas ultimadas y desaparecidas. En todos estos paises se han abierto las esclusas del silencio y se enjuicia a los militares y civiles asesinos. Extraña, pues, que un articulista no mencione la historia trágica en los países de Sud América, que ha tenido una experiencia macabra de represión y genocidio. ¿O se trata del enfado español por la política autónoma de varios países de Latinoamérica?
Andrés Aldao


ANTONIO ELORZA 30/10/2008

España no se encuentra aislada en el mundo. Lo que muchos presentan como una jugada personalista de Garzón, calificado en estas mismas páginas de "juez campeador", se inserta en una larga marcha iniciada en 1945 para calificar y sancionar adecuadamente lo que hasta entonces fueron, en palabras de Churchill, "crímenes sin nombre". Hace poco el Tribunal Supremo de Italia ha dado el aldabonazo de condenar a Alemania a pagar una indemnización económica por la matanza cometida en 1944 por los soldados germanos en tres pueblecillos toscanos. Un antecedente que abre la puerta a una cascada futura de indemnizaciones. El transcurso del tiempo no ha borrado esos crímenes, ni en Francia los de Klaus Barbie y Papon, verdugo nazi uno y colaborador con el genocidio el otro.
Lo cierto es que no fue fácil desde un principio lograr el encaje de tales crímenes en el ordenamiento jurídico. Desde un primer momento, surgió el obstáculo de que forjar un nuevo tipo de delito, el correspondiente a la acción hitleriana contra judíos y pueblos sometidos en Europa del Este, suponía quebrantar ante todo el principio de que la norma no debe ser aplicada retroactivamente, así como de modo complementario en décadas posteriores la exigencia de prescripción.
Lo primero, la no retroactividad, es una clave en la argumentación del recurso del fiscal Zaragoza contra el auto del juez Garzón. No sería posible aplicar una norma promulgada con posterioridad al delito que viene a sancionar. Claro que de este modo los crímenes peores de los nazis, el Holocausto en primer término, nunca hubiera podido ser castigado. Son bien conocidos los esfuerzos para tipificar ese nuevo crimen contra la humanidad, anunciado en Armenia en 1915, por parte del jurista Rafaël Lemkin, quien incluso acuñó al efecto el neologismo de genocidio hoy consagrado, al tiempo que lograba una definición precisa del mismo, en gran parte recogida en el texto aprobado por la Asamblea de la ONU en diciembre de 1948.
El recurso del fiscal Zaragoza acumula las objeciones jurídicas, pero pasa por alto, a mi juicio torticeramente, el aspecto esencial del auto de Garzón, más allá de sus posibles errores: la calificación de crimen de lesa humanidad del levantamiento militar de 1936 se basa no sólo en la rebelión contra el régimen republicano, sino en que la misma se hizo con la finalidad preconcebida de exterminar a un colectivo perfectamente delimitado, la izquierda política y cultural de España. Tal es la divisoria bien conocida desde Lemkin, que Zaragoza no debiera haber emborronado hablando de una supuesta "inquisición general". Puede haber un asesinato de masas, con responsables políticos identificables, como los que tuvieron lugar en Paracuellos y con las sacas sucesivas de noviembre del 36 en Madrid, pero en tales actos puntuales de barbarie estaliniana falta el móvil fijado de antemano para proceder a un aniquilamiento general, el distintivo del genocidio que en cambio sí conviene al Gran Terror de 1936-38.
Los textos de Franco, Mola y Queipo ofrecidos por Garzón ilustran perfectamente esa voluntad de suprimir a los dirigentes y los cuadros de la izquierda política y sindical, así como de llevar a cabo el "genocidio cultural", la eliminación de las élites democráticas. Mala calificación jurídica es asimilar tales palabras y tales comportamientos asesinos con una simple rebelión militar como la de Primo de Rivera en 1923. Y es que, además, hay testimonios inequívocos anteriores. La documentación del Archivo de Asuntos Exteriores francés conserva los informes del embajador Jean Herbette, quien en noviembre de 1935 recoge las posiciones enfrentadas de Gil Robles, partidario de "un régimen de autoridad" cuasi-dictatorial, sin golpe de Estado, y la de su colaborador el general Franco, defensor del "golpe de Estado que debiera desarrollar la tarea 'como una operación quirúrgica" (comillas de Herbette). Y bien que la llevaron a cabo de palabra y obra, siendo la más clara confirmación de que el genocidio constituía el núcleo del levantamiento que su lógica mortífera siguiera imperando después del fin de la guerra, prolongándose a mi modo de ver -y aquí discrepo de Garzón- hasta el asesinato judicial de Julián Grimau en 1963. Les faltó sólo la informática: los cientos de miles de fichas reunidas en el Archivo de Salamanca prueban su voluntad de consumar "la operación quirúrgica" puesta en marcha el mismo 17 de julio de 1936.
La transición democrática se hizo sobre la base de una reconciliación asimétrica, forzada por las circunstancias, y casi nadie pone en tela de juicio que ello fue una necesidad histórica, supuesto imprescindible para que aceptaran el cambio los poderosos residuos franquistas, con "la columna vertebral del régimen" en primer plano. Hoy, transcurridos 70 años, no debiera existir razón alguna para que la memoria histórica vaya más allá del imprescindible rescate de las víctimas de las fosas comunes. Una recuperación que limitada a ese gesto seguiría dejando impune a quienes conscientemente desencadenaron aquella orgía de muerte. De ahí la pertinencia de proceder a la adecuada calificación jurídica del genocidio franquista, sin olvidar los asesinatos masivos registrados en la España republicana, que no son lo mismo que crímenes republicanos. Los cometidos en la llamada zona nacional y desde 1939 sí son crímenes franquistas.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

EL MOVIMIENTO INDIO EN ESTADOS UNIDOS


Txente Rekondo - Rebelión

El estereotipo del indio en Estados Unidos está fuertemente ligado a la imagen folklórica que de él se ha vertido durante décadas a través de una extensa filmografía de Hollywood. Más allá de las imágenes de los indios a caballo atacando diligencias, por regla general haciendo el papel del malo de la película, o dados a la bebida, y articulando sílabas tras cada correspondiente “jau”, existe otra realidad ligada a las demandas y a la resistencia de las diferentes tribus a la política colonial y asimilacionista que los diferentes gobiernos estadounidenses han venido aplicando ante la realidad india.
Un primer acercamiento hacia aquella realidad nos permite descubrir las diferencias que se encuentran en torno a la propia definición de las naciones indias de Estados Unidos.
La definición de “indio, indio americano, nativo americano, primeros americanos o primeros pueblos” está siempre sujeta a una determinada contextualización y a menudo obedece a intereses que van más allá de la mera semántica.
El “descubrimiento” de India por parte de Colón traerá consigo la primera denominación de “indio” para los habitantes de lo que Colón creyó ser las tierras de Asia, ello ha acarreado una confusión cuando se escribe dicho término y no se especifica si nos referimos al de América o Asia. Posteriormente, ya a finales de l siglo veinte, la utilización del término “nativo americano” buscaba una cierta neutralidad, enmarcada en lo políticamente correcto, pero no exenta de contradicciones. Así, cualquier persona nacida en EEUU pasa a ser “nativo americano”.
Por su parte la mayoría de los indios han preferido mantener esta definición, ola de “indio americano”, ya que la aportación “neutra” les sugiere un claro intento de maquillar su terrible pasado por parte de las autoridades del país. La mayoría de organizaciones indias han decidido mantener esa denominación en sus propios nombres.
Los pueblos y tribus indias han tenido que soportar una doble colonización. Si primero fueron los europeos los que con violencia les desplazaron de sus tierras, los sometieron a duras epidemias que diezmaron su población, posteriormente tendrían que hacer frente a la creación de un nuevo país, Estados Unidos, donde la presencia del indio parecía un estorbo. Las palabras de algunos dirigentes de la época, “el único indio bueno es el indio muerto”, son un claro exponente de la actitud aniquiladora hacia los indios por parte de los nuevos colonizadores.
Resulta paradójico que la revuelta de las colonias contra la metrópoli, que dará lugar a la formación de Estados Unidos, y que se presentará como una lucha emancipadora y liberadora, se haya convertido acto seguido en una realidad que ha buscado reducir a la mínima expresión la rica y compleja vida de las tribus indias.
Las llamadas a “civilizar al indio”, como ocurrió siglos antes en el sur del continente, no eran más que intentos por apropiarse de las tierras de los mismos y acabar con su forma de vida y su organización social. Las guerras y las masacres contra la población india serán una constante en esa política civilizadora, como también lo serán la sucesión de acuerdos y tratados que no se cumplirán por parte de los diferentes gobiernos de Washington.
Coincidiendo con las celebraciones en torno al año 1968, este mismo año se han cumplido los cuarenta años de la creación del Movimiento Indio Americano (AIM), que supuso la articulación de un movimiento organizado para defender los derechos y los intereses de la población india. Unos activistas indios que coincidieron en las prisiones de EEUU serán el motor de esta gestación.
Surgido en un primer momento como la fórmula idónea para hacer frente a la brutalidad y abusos policiales frente a las comunidades indias, pronto se encaminó a la defensa del conjunto de intereses indios ante el abandono o marginación que sufrían por parte del gobierno y el sistema estadounidense. La toma de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas policiales se sucedieron a comienzos de la década de los setenta, y en uno de esos choques se cimentaría la encarcelación de Leonard Peltier, preso político que todavía permanece en prisión.
El caso de Peltier sigue centrando buen aparte de la atención internacional. Los incidentes de 1975 se saldaron con la muerte de un miembro del AIM y de dos miembros de FBI. A partir de entonces se desencadenó una campaña oficial que se materializó con la acusación contra cuatro personas. Las primeras sentencias, y los sucesivos reveses judiciales, llevaron al FBI a centrar finalmente todas las acusaciones sobre la persona de Peltier, que fue sometido a un juicio repleto de abusos y manipulaciones, siendo sentenciado a dos cadenas perpetuas.
Desde entonces la campaña para exigir su libertad ha cruzado las fronteras de muchos países y estados, y hoy en día todavía los dirigentes de Washington se niegan a reconsiderar el caso y rechazan la solicitud de clemencia presentada por el propio Peltier, como única vía para lograr su puesta en libertad en el actual modelo judicial estadounidense.
Hoy en día, el movimiento indio ha mantenido otras campañas, como la que se oponía a la utilización de la imagen de un indio como “mascota de algunos equipos deportivos”, o la creación de instituciones que han llenado el vacío gubernamental a la hora de ofrecer servicios a la población india.
La actitud del gobierno norteamericano hacia las naciones indias ha estado inmersa en un sinfín de tácticas y maniobras para hacerse con el control de las mismas, o la desaparición real de todas ellas. A la derrota militar del siglo diecinueve, se le han unido la presión cultural, la creación de reservas para confinar a las poblaciones indias, una asimilación cultural forzada, desprecio hacia las lenguas y culturas indias, sin olvidar que desde las instancias oficiales se ha gestado una política que ha supuesto efectos negativos sobre el conjunto de la población india (alcoholismo, diabetes, problemas cardiacos y altas tasas de suicidios.
Los procesos de asimilación forzados en unos casos o inducidos en otros han sido la tónica general. Ofreciendo la ciudadanía norteamericana se ha pretendido acabar con la soberanía india y diluir esa realidad dentro del sistema de EEUU. Por norma general todo reconocimiento legal, que sobre el papel tiene una presencia irrefutable, luego a la hora de su aplicación se ha quedado en papel mojado.
Para algunos activistas indios una de las claves radica en “desmontar la mitología que presenta al estado como algo hegemónico en materia de soberanía”. Señalan que es más importante desmontar ese mito, para poder articular un espacio soberano pleno que aceptar un terreno limitado que siempre será dependiente de otro mayor, en este caso el actual estado norteamericano.
Conceptos como descolonización, recuperación de lo que fue arrebatado y reparo de las atrocidades cometidas, son algunos de los ejes del moviendo indio actual, al tiempo que buscan recuperar su forma de organización y su propia soberanía.