08 junio 2007

Documentos confirman el Plan Cóndor; el nombre se lo puso el coronel uruguayo Fons

"El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no solamente aplica el método de la desaparición forzada. Hay documentación que registra el tema de los presos políticos, de los centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias", dijo el investigador Alvaro Rico, coordinador del libro "Detenidos desaparecidos", presentado por el presidente Tabaré Vázquez.
RAUL LEGNANI

Alvaro Rico: "Hubo un gran trabajo sin horas, puesto a disposición de la verdad y de los familiares de los detenidos desaparecidos".

¬¿Cuándo le ofrecieron a usted participar de esta investigación?
¬Fue a principios de mayo de 2005. Nos reunimos con el presidente
de la República, doctor Tabaré Vázquez, y con el doctor Gonzalo Fernández en el Edificio Libertad.
¬¿Qué les plantearon a ustedes?
¬Nos plantean que era voluntad del Poder Ejecutivo y del Presidente incorporar la investigación histórica en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad, para los casos de detenidos desaparecidos.
¬¿Cuándo empieza el trabajo en concreto?
¬El 5 de setiembre de 2005, luego de toda la etapa preparatoria y conformado el equipo de investigaciones, comenzaron las labores. Trabajamos sobre los archivos estatales y privados. Eso se realizó hasta el 30 de noviembre de 2006.
¬¿Cuándo se comienza a redactar?
¬Hubo una primera redacción del informe a entregar al Presidente, que se hizo el 14 de diciembre. La redacción llevó un mes. Desde el 8 de enero hasta la semana pasada se trabajó con un grupo reducido de investigadores, coordinados también por mí.

¬¿Cuántos investigadores participaron?
¬En la edición del libro fueron cuatro investigadores y la colaboración de otros tres.

¬Desde la invitación a la salida del libro, ¿cuántas veces se reunió con el Presidente de la República?
¬Tuvimos una primera reunión y luego otra, el día que se presentaron los libros en el Edificio Libertad. En todo ese tiempo no volvimos a ver al Presidente.

¬¿Y a Gonzalo Fernández?
¬Con el doctor Fernández se trabajó cercanamente.

¬¿Ustedes pusieron condiciones para realizar este trabajo?
¬Nosotros pusimos ciertos requisitos, como fue la designación de un equipo de investigación, que finalmente fue integrado por 17 personas, donde el grupo central de 14 meses estuvo integrado por diez.
Planteamos la posibilidad de acceder a documentación oficial y una insistencia que fue compartida por Gonzalo Fernández, que fue la necesidad de acelerar el tratamiento de la Ley de Archivo, para que lo que nosotros tuvimos como privilegio, otros ciudadanos pudieran tenerlo como un derecho.

¬¿Qué sugerencias recibió del presidente Vázquez y del doctor Gonzalo Fernández?
¬Absolutamente ninguna. Creo que ha sido un ejercicio de relacionamiento excelente de los universitarios con el poder político. Nunca recibimos la más mínima directiva, ni la mínima insinuación de que deberíamos ir por tal o cual lugar, o qué cosa se debería decir y cuál no.

¬En la parte introductoria ustedes afirman que el libro es un trabajo académico y no político. ¿Qué diferencia hay entre un trabajo académico y otro político?
¬Es un trabajo que tiene un gran componente de historia política; en particular reconstruye una historia represiva del Estado uruguayo en determinada coyuntura histórica.
Por el lado de la temática, por el lado de la documentación, por el lado del fenómeno que se está investigando, como son hechos ocurridos durante una dictadura, el componente político se hace presente en esa dimensión.
No es político en el sentido de que el trabajo no está orientado a un fin político instrumental o menor, de un gobierno de turno o de una voluntad política cambiante.
Está orientado al tema de aportar a la construcción de una verdad social sobre dicho período histórico y con criterios de rigurosidad y profesionalismo, que desde las distintas disciplinas académicas se aporta a la selección de los documentos, a la interpretación de los mismos, en un contexto explicativo mayor.

¬Ustedes manejan documentos de las víctimas y de los victimarios. ¿A quién se le cree? ¿Cuándo un documento pasa a ser un producto histórico válido?
¬Desde el punto de vista de la documentación del Estado y en particular la documentación localizada en determinados ámbitos estatales, la misma era secreta.
En ningún momento los investigadores o los familiares de las víctimas tuvieron acceso a la lectura de ese material. Los documentos en sí mismos, salvo que sean documentos estrellas, valen, hablan, dicen cosas en la medida en que uno los inserta en un contexto de acontecimientos que los propios documentos van guiando. Ese contexto no es un a priori, porque los propios documentos van guiando la construcción de ese contexto. En ese momento los documentos proporcionan una explicación con mucho más fuerza de lo que puede ser la lectura de un documento aislado o parcial.
Si bien el libro está construido en gran parte sobre documentación oficial, hay determinados hechos que llevan a que los testimonios de las víctimas se transformen en documentos.
Documentan la existencia de una determinada persona, de un determinado movimiento, de determinados organismos o personal estatal. Por eso las versiones de las víctimas, en estas condiciones, asumen el status del documento que certifica la existencia, el traslado, la desaparición de una persona o determinado grupo de personas.

¬Ahora, el Estado democrático de hoy no es el Estado de la dictadura. ¿Tuvo en algún momento temor de que hubiera "fruta podrida" en esa documentación estatal?
¬Investigamos sobre un Estado de dictadura donde el secreto y la mentira institucional fueron parte constitutiva de su funcionamiento. Es que el régimen funciona sobre la base de la mentira y el secreto.
En la documentación que uno encuentra, una parte importante está también organizada y escrita en función de afirmar esa mentira. Un caso muy notable tiene que ver con la documentación que pudimos leer del Departamento II Exterior, del Servicio de Información de Defensa, instalado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que armaba los informes que el gobierno dictatorial promovía ante distintos organismos. En particular en el libro está desarrollada la actitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los documentos que niegan detenciones o hablan de fugas o viajes al exterior, como el caso de Julio Castro a Buenos Aires y de otros detenidos desaparecidos, son mentirosos.
La virtud que tiene el acceso a esa documentación oficial, aun teniendo las precauciones necesarias, es que ilustra cómo pensaba el Estado en ese período histórico, qué percepción tenían los servicios de seguridad, las fuerzas operativas, sobre el funcionamiento, la peligrosidad, la coordinación, las acciones, el papel de determinados grupos o dirigentes.
Si bien esa documentación puede estar construida sobre la base de la mentira que el régimen reproduce, de todas maneras es la verdad para ese Estado.

¬Muchas veces se dice que las dictaduras son soberbias y que se sienten impunes. ¿Se puede decir, después de haber accedido a esos documentos, que la dictadura uruguaya se sintió impune y por eso fue bastante transparente?
¬El régimen anotó buena parte de su funcionamiento rutinario y cotidiano. Por eso uno se encuentra con esa documentación que reconstruye el funcionamiento de un régimen político institucional, que no es solamente la represión, no solamente aplica el método de la desaparición forzada.
Hay una abundante documentación que registra el tema de los presos políticos, de centros de reclusión, de libertades vigiladas. Uno se encuentra con las formas de vigilancia sobre la sociedad civil, desde las películas hasta la Feria del Libro, hasta los sermones en las iglesias.
En esa documentación hay buena parte del significado que en determinado momento el régimen tuvo sobre las acciones organizadas del exilio uruguayo de denuncia de la situación en el país. Contiene la vigilancia al exilio uruguayo y la respuesta a los organismos internacionales de derechos humanos, por parte del régimen.
En estas materias que tienen que ver con el control, la vigilancia, el seguimiento, la situación de los presos, la documentación es muy abundante.
Hay mucha documentación sobre las organizaciones políticas, principalmente de izquierda. Bajo la dictadura todos los partidos políticos, sin excepción, fueron vigilados y controlados.
En relación a las organizaciones de izquierda hay un cúmulo de información, de interpretación en clave de Inteligencia, de comprobación de funciones de dirigentes, de domicilios, que hablan de una acumulación de información, incluso en democracia, sobre esos grupos y sus integrantes.

¬En el libro se dice que desde 1947 se observaba al Partido Comunista...
¬Sí, es así. Después de 25 años de acumular esa información a través de recortes de prensa, de discursos, de viajes, de informantes, permite que ya bajo la dictadura, sin ningún amparo legal y bajo el terrorismo de Estado, esa información se lea en clave de Inteligencia bajo la lógica de "amigo, enemigo".

¬En su trabajo ustedes también se refieren a la etapa anterior al golpe de Estado...
¬Si bien nuestra investigación va desde el 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985, período entendido como de dictadura, tuvimos que llegar al año 1971 en la medida en que hay dos casos de desaparecidos, Ayala y Castagneto. También hay un tercer caso que es el de Roberto "Tito" Gomensoro, que desaparece antes del golpe de Estado, en marzo.
A la vez nos fuimos después de 1985, con la incorporación de las fichas personales de los detenidos desaparecidos, a todo lo que en materia legislativa, de Poder Ejecutivo, de comisiones investigadoras, aparece como denuncias, por ejemplo en el Poder Judicial.

¬Luego de las investigaciones, ¿se confirma el Plan Cóndor?
¬Sí, sin duda. Uno de los puntos fuertes de la documentación que contiene esta investigación tiene que ver con el Plan Cóndor, si bien nosotros hablamos de coordinación represiva regional.
Si uno sigue la construcción del Plan Cóndor, hay determinados hechos, como los asesinatos en la carretera de Soca de los militantes del MLN, que están fuera de contexto. La coordinación represiva regional es anterior a la sistematización del Plan Cóndor. En la primera reunión constitutiva de este plan, en Santiago de Chile en 1972, es un coronel del Ejército uruguayo, José Fons, quien propone llamarlo "Cóndor". Esto lo obtuvimos de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Archivo del Terror de Paraguay y del National Security Archive, entre otros.
El 20 de octubre de 1975 se realiza en Uruguay la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, en la cual participó Jorge Rafael Videla, entre otros. Al otro día comienza la Operación Cóndor, que es la represión abierta contra el PCU, la inauguración del 300 Carlos y la reclusión allí de más de 300 comunistas, en un operativo que tendrá ocho desaparecidos entre octubre de 1975 y junio de 1976, que se llamó la Operación Morgan. Después vino la represión al PVP, recién constituido en Argentina, con toda la secuela de desaparecidos que la misma tuvo.

¬¿Hay documentos que confirman los traslados, los vuelos?
¬En el caso de los desaparecidos en Paraguay hay documentos que comprueban los traslados de ese país a la Argentina. En los otros casos ¬hablo de uruguayos desaparecidos en Argentina y posiblemente trasladados a Uruguay¬ nosotros no encontramos documentación oficial que compruebe fehacientemente esos traslados.
Lo que el libro aporta, de una manera sistemática, es la fecha y el lugar donde grupos de uruguayos son sacados de los centros de reclusión de Argentina. También están los testimonios de sobrevivientes que comprueban esas fechas y ese acto de retiro masivo de ciudadanos uruguayos detenidos en los pozos, particularmente Banfield, Quilmes y Orletti.
En el primer tomo del libro se ilustra sobre los operativos organizados contra el PCU, el PVP, los GAU, las Agrupaciones de Militantes Socialistas, los montoneros residentes en Uruguay, el PCR y el MLN.
En esa sección, en la cual se reconstruye el contexto, y en las fichas personales de cada una de esas personas trasladadas que fueron vistas por sobrevivientes, aparece el reconocimiento del comandante de la FAU de la existencia de algunos de esos vuelos, más los propios informes de la Comisión para la Paz, que sin dar mayores detalles igualmente utiliza la definición de "traslado grupal" o "presumiblemente fue trasladado".

¬¿En los documentos a los que ustedes accedieron hay una valoración del Estado sobre la capacidad de fuego de algunos de esos grupos de la izquierda?
¬Hay documentos que el Estado se los cree y constituyen, para el mismo, una verdad. Al revisar los informes de Inteligencia hay una especie de sobredimensionamiento de la "peligrosidad" de estas organizaciones y de la coordinación que algunas de estas organizaciones tenían en Argentina, a través de la Junta Coordinadora Revolucionaria, con otros grupos revolucionarios, particularmente el ERP y Montoneros.
Muchas veces esas lógicas represivas necesitan autojustificarse y retroalimentarse, por eso plantearon que esos grupos se rearmaban.

¬¿Cuáles son las zonas del Estado a las cuales ustedes no pudieron ingresar?
¬No pudimos consultar directamente archivos militares, salvo el material depositado en el Calen. No es información secreta, pero alguna es confidencial. Sí consultamos documentos de origen militar, depositados en otras dependencias estatales.

¬¿Por qué no pudieron acceder a esos documentos?
¬No está dentro de nuestra potestad el poder entrar a esos archivos. En el intercambio que siempre tuvimos con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se nos dijo que esos archivos no estaban. Luego, cuando se encontró una parte de ellos, sobre todos los que están en el Cgior, se supo que esos materiales no están organizados como archivos, son lugares de depósito de documentos, algunos de los cuales están cifrados y microfilmados. Por lo tanto, organizar ese depósito de documentos como archivo, clasificar e interpretar los documentos, lleva mucho tiempo. La alternativa era investigar u organizar un archivo.

¬Como universitario ¿qué siente?
¬El martes hubo una declaración importante del CDC de la Universidad, valorando el aporte de los equipos universitarios en las investigaciones históricas y arqueológicas sobre nuestro pasado reciente y vinculando este aporte a la tradición universitaria y al cumplimiento de su Ley Orgánica.
El haber trabajado durante tanto tiempo con un equipo universitario que asumió como parte de su responsabilidad cívica, ciudadana, como parte integrante de la Universidad de la República, me hace sentir un gran orgullo y la tranquilidad de que el libro podrá tener tales o cuales deficiencias, pero lo que hubo fue un gran trabajo sin horas, con mucha responsabilidad, puesto a disposición de la verdad y de los familiares de los detenidos desaparecidos, para que Uruguay avance en materia de verdad, de memoria y de justicia.

La democracia, la libertad de expresión y el estilo de Chávez fueron debatidos en el Senado

Como era de prever, el Senado de la República no condenó el cese de la concesión a RCTV; la mayoría oficialista hizo naufragar la pretensión de la oposición de declarar que la medida afecta la libre expresión del pensamiento y que ello produce una fragmentación del Mercosur y afecta a todos los Estados miembro.
Obviamente, el debate trascendió el hecho puntual de la no renovación del permiso de ocupar la onda televisiva, para abundar sobre el populismo-autoritarismo-no democratismo (y todos los etcéteras imaginables) del gobierno de Hugo Chávez.

La hora previa
Pero antes de entrar en tema, repasemos brevemente la hora previa.
Lapaz abogó por mayores controles sobre los repartidores que andan en moto; también se preocupó por el status sanitario de nuestros ganados y finalmente, reclamó mejoras en la infraestructura de servicios del Aeropuerto de Laguna del Sauce. Ruperto Long trazó una semblanza de Diego Achard, resaltando sus incuestionables valores. En la barra, Juan Raúl Ferreira asistió visiblemente emocionado al improvisado homenaje. Jorge Romero (suplente de Julio Lara) reclamó por reacondicionar la ruta 27 en Rivera, que es demasiado angosta, está llena de baches y es un peligro para los vehículos que por ella circulan. Gallinal se refirió a la dramática situación de la Caja Bancaria, con problemas estructurales que exigen solución inmediata. Abdala (que suple a Sanguinetti) expresó su preocupación por el brote de nacionalismo argentino en el conflicto por las pasteras y por la inacción del gobierno uruguayo. "Somos enfermos crónicos del atropello argentino", concluyó con amargura.

Chávez, el malo
Arrancó Alfie centrando su argumentación en que el supuesto atropello a la libertad de prensa nos afecta a nosotros en la medida que somos socios de Venezuela en el Mercosur, pero en seguida apuntó sus baterías contra Chávez, que "se desvía de los carriles democráticos" y sostuvo que "la democracia en Venezuela está amenazada".

La esencia de los medios
Couriel fue el primer senador del gobierno en desarticular los argumentos de la oposición. Apoyado en profusa documentación, demostró que existe una gran concentración de poder por parte de los medios, que se han convertido en voceros del establishment. "Se han convertido en un poder sin contrapoder que desplazó a los poderes del Estado y a los partidos políticos, que marca la agenda" y que suele estar al servicio de intereses ajenos a los intereses del pueblo.
Luego hizo referencia a la inocultable --y decisiva-- participación de esa cadena en el golpe de abril de 2002. Y para finalizar, recordó que en EEUU, Canadá, Europa, hay cientos de casos de no renovación de concesiones de ondas, lo que demuestra que hay una campaña internacional contra el gobierno de Chávez.

"Chávez está haciendo añicos la democracia"
Abdala, por su lado, modulando su voz que oscilaba entre bajos decibeles y volúmenes extemporáneos, reconoció que Chávez fue electo democráticamente pero entiende que su gobierno ha venido desnaturalizándose al punto que el Parlamento delegó algunas de sus potestades en el presidente, y el Poder Judicial no es independiente. "Está haciendo añicos las reglas del funcionamiento democrático", afirmó con dramatismo y concluyó con esta ingeniosa metáfora: "Chávez se transformó en un tirano que arrancó con los votos y terminará con las botas".

RCTV apoyó el intento de golpe de 2002
Lorier, con su aspecto de galán de Hollywood de los años 30, empleó una dialéctica eficaz consistente en afirmar preguntando. Por ejemplo, "¿RCTV apoyó sí o no un golpe de Estado?", y otras por el estilo como para dejar bien en claro la actitud golpista de la emisora. Hizo hincapié en que a pesar de esa postura antidemocrática que la haría pasible de revocación del contrato, el gobierno no tomó medida alguna, y sólo cinco años después no le renueva la concesión. Al final recordó que en Venezuela hay 79 canales privados y sólo dos estatales.

La democracia amenazada
Gallinal, por su lado, insistió en que el Parlamento uruguayo se ha pronunciado contra todos los ataques a la libertad de prensa y que por tanto esta vez debería hacer otro tanto. Sostuvo que si no hay libertad de prensa, no hay democracia, porque ese es el primer paso y después vienen los desbordes. Habló de las amenazas a los medios opositores, señaló que Chávez va a estar 14 años en el gobierno y que eso amenaza la democracia, y ¬de paso-- sostuvo que los sistemas que permiten reelecciones prolongadas jaquean a la democracia. Y finalmente, sostuvo que si hay que aceptar la no renovación del contrato por la actitud golpista de la emisora, habría que censurar a los grupos políticos uruguayos que aplaudieron ciertos comunicados militares en el pasado...

No es una clausura
El asambleísta Baráibar puso los puntos sobre las íes. La medida es perfectamente legal, el gobierno actuó de acuerdo con las leyes pues acá no hay una clausura ni negación de derechos adquiridos. Simplemente, venció el plazo de concesión y ésta no se renovó. Explicó que, a su juicio, la inquina contra Chávez proviene del hecho de que es un gobernante progresista, antiimperialista, "y eso las derechas de América Latina no se lo perdonan". La indignación no es por el cese de la concesión, sino por lo que Chávez significa. Señaló que la inmensa mayoría de los medios en Venezuela responde a la derecha y ninguno sufrió clausura en lo que va de la administración de Chávez, y además, recordó que la no renovación del contrato no impide que RCTV pueda seguir emitiendo sus programas por cable. Insistió en que la derecha latinoamericana está muy alarmada por la ola de gobiernos progresistas en la región y advirtió que dentro de ese panorama de gobiernos progresistas hay matices, reconociendo que Chávez tiene un estilo muy diferente al de Lula, Vázquez o Bachelet, pero que en definitiva son todos gobiernos de signo popular.

El estilo de Chávez
La vertientista Margarita Percovich --siempre muy elegantemente vestida y muy sólida en sus argumentos-- tomó la palabra para advertir que la discusión se había desvirtuado, ya que se había pasado del debate sobre la no renovación del contrato con la emisora (y el supuesto ataque a la libertad de expresión que ello significa) a juzgar el estilo del presidente Chávez. Adelantó su voto negativo a una declaración de condena al cese de la concesión reflexionando que se trataba de un asunto doméstico y comercial de otro país: "No veo por qué yo, una senadora uruguaya, me tengo que pronunciar sobre un episodio interno de Venezuela".

Reiteración de argumentos
Abundando sobre el asunto, los nacionalistas Long y Penadés reabundaron sobre el tema. Long reiteró los conceptos vertidos en su exposición del martes, cuando anunció que su partido llevaría el caso a la próxima sesión del Parlamento del Mercosur. Penadés, por su parte, se explayó a piacere no específicamente sobre la "clausura" pero sí sobre los rasgos autoritarios y antidemocráticos de Hugo Chávez, y señaló las dificultades de la oposición venezolana para la realización del plebiscito.

Korzeniak refuta acusaciones
El último en hablar, ya cerca de la hora de finalización de la sesión, fue el jurista socialista Korzeniak. Señaló que hay innegables intereses económicos y políticos en el origen de la campaña internacional contra Chávez, y resaltó las características incuestionablemente democráticas de su gestión de gobierno; por ejemplo, recordó que para la realización del plebiscito revocatorio a que se sometió Chávez hubo infinitamente menos obstáculos que los que se interpusieron en nuestro país para el plebiscito contra la Ley de Caducidad. Como conclusión, rechazó por falsas ciertas afirmaciones vertidas en sala; concretamente, que el presidente venezolano haya dicho que se quedaría igual aunque el plebiscito le fuera desfavorable.
A las ocho y diez de la noche, se pusieron a votación dos mociones. Una, la presentada el martes por el Partido Colorado; y la otra, presentada ayer a última hora por los senadores nacionalistas. Esta última reza así: "Que ve con profunda preocupación la situación planteada en la hermana República Bolivariana de Venezuela a raíz de la no renovación del permiso para la utilización de la onda correspondiente a la emisora RCTV, en el marco de un notorio deterioro de la democracia y de la vigencia de las libertades públicas, en cuanto ello afecta la libertad de expresión del pensamiento en un país que se encuentra en proceso de integración al Tratado del Mercosur.
En consecuencia, comparte los pronunciamientos que sobre el tema han tenido ya el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los hermanos países de Brasil y Chile".
Tal como era de esperar, cada una de ellas sólo obtuvo los votos de los senadores opositores presentes: ocho en 24.
Y así terminó la historia.

Popularidad de Ségolène Royal ilesa pese a crisis del socialismo francés


Inmersa en un partido socialista condenado a convertirse en una tibia oposición a la derecha triunfal, Ségolène Royal mantiene su popularidad pese a su derrota en las presidenciales y es considerada por la mayoría de los militantes como la única persona capaz de sacar de la crisis a la formación.
En esta campaña de las elecciones legislativas, la líder socialista, que decidió no presentarse candidata a diputada para no acumular cargos, puesto que ya es gobernadora de la región de Poitou Charentes (suroeste), generó el mismo entusiasmo que cuando soñaba convertirse en la primera presidenta de la historia de Francia, hace algunos meses.
Pese a haber sido la gran derrotada en las urnas frente al actual presidente, Nicolas Sarkozy, Royal sigue siendo la líder socialista más popular en un momento en que varios pesos pesados del partido aspiran a hacerse con el cargo de primer secretario.
"Cuenten conmigo para profundizar la renovación de la izquierda, más allá de las fronteras actuales. Es la condición de nuestras victorias futuras", anunció Royal tras perder en las presidenciales.
Según los sondeos, un 66% de los militantes de izquierda no la culpa de su fracaso en las urnas y cree que en parte perdió porque el partido no le apoyó como debía. Además, uno de cada dos franceses considera que es la única líder capaz de modernizar la formación, que tuvo que encajar el 6 de mayo su tercera derrota consecutiva en unas presidenciales.
Consciente de que el Partido Socialista (PS) ya no puede aspirar a una victoria en la Cámara de Diputados sino a intentar perder el menor número de escaños, Royal le ha pedido a sus electores que acudan de nuevo a votar para que la oposición a la derecha sea lo más fuerte posible. *

Operación Morgan: diez años de represión contra los comunistas

23 desapariciones, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y cárcel y tortura para miles de personas

En las 3.612 páginas de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848 hay abundante documentación que prueba un hecho central: la práctica del terrorismo de Estado como política institucional de la dictadura.

Informe de inteligencia militar sobre la detención de León Lev y otros militantes comunistas en 1979.

Informe de operaciones de 1983. Se investigó en el Hospital de Clínicas y el Casmu buscando militantes de la UJC.
En el Tomo I, se abordan los operativos selectivos de los cuerpos de represión de la dictadura contra varias organizaciones: el Partido Comunista de Uruguay, el Partido por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Comunista Revolucionario.
El informe incorpora un exhaustivo análisis, que abarca de la página 75 a la 103 de la Operación Morgan, lanzada desde 1975 contra el Partido y la Juventud Comunista. Esta operación tiene varios elementos, reflejados en el informe, que la hacen paradigmática del accionar de la dictadura: su escenario privilegiado fue nuestro país, aunque también se extendió a Argentina. Participaron servicios de todas las fuerzas represivas en coordinación; se extendió en el tiempo desde 1975 hasta 1984 con varias oleadas represivas; implicó vigilancia sistemática de miles de uruguayos en todas sus actividades cotidianas y tuvo como consecuencia 23 desapariciones, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y cárcel y tortura para miles de personas.
Según el informe, en los archivos policiales consultados se logró establecer que el PCU y la UJC eran vigilados y había información detallada sobre sus actividades desde 1947. Cabe destacar que hablamos en ese período de una organización legal y con participación política y electoral.
Según el informe, "desde el punto de vista operativo, entre 1973 y 1975, el organismo de seguridad que más interviene en la represión al PC y la UJC fue la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). A partir de fines de 1975, con la ofensiva represiva desatada en la llamada, por las propias FFAA, "Operación Morgan", operó directamente la fuerza militar a través del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), dependiente de la División de Ejército I, así como el Servicio de Información de Defensa (SID), dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ). Y, sobre todo hacia fines de los años 70, intervino también en la represión contra los comunistas el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), dependiente del Comando General de la Armada".
Esta es una primera constatación, en la represión participaron coordinadamente reparticiones y efectivos del Ejército, la Armada y la Policía, incluso con participación de personal de las jefaturas policiales y unidades militares del Interior del país.
La represión, la vigilancia, las detenciones, las torturas y, por lo tanto, las muertes y desapariciones como consecuencia de estas acciones fueron organizadas y realizadas por reparticiones bien identificadas y formales de estas fuerzas y nada tuvo que ver con una acción aislada o espontánea de un "grupito de individuos".
"Igualmente, el intercambio de información y la coordinación entre éstos y otros servicios de seguridad del régimen, tanto policiales como militares, fue permanente durante todo el período de facto, así como con agencias de inteligencia de la región e internacionales", señala el informe.
Esta acción represiva extendida durante casi una década está, además, profusamente documentada (ver facsímiles) y en todos los casos era informada a los mandos, en particular a la Junta de Comandantes en Jefe. Los documentos policiales y militares que se incluyen en el informe no dejan dudas y nadie puede alegar desconocimiento.
Durante la denominada "Operación Morgan" se pusieron en operación varios centros clandestinos de reclusión, que funcionaron como centros de tortura y en los cuales murieron y desaparecieron decenas de uruguayos, del PCU y de otros grupos políticos de izquierda. Dice el informe: "Los centros clandestinos utilizados durante la operación de represión contra el PCU fueron conocidos con el nombre de "Infiernos", los que también fueron utilizados en la represión contra militantes de otras organizaciones, en particular del PVP. En un comienzo se utilizó la casa ubicada en Punta Gorda, en Rambla República de México 5515, también conocida como "300 Carlos R" o "Infierno Chico", y la casa conocida como "Cárcel del Pueblo", utilizada hasta 1972 por el MLN para retener ciudadanos secuestrados, situada en la calle Juan Paullier 1190 .
El día 2 de noviembre de 1975 por la madrugada, las decenas de militantes que se encontraban detenidos en esos centros de reclusión fueron trasladados en camiones militares para inaugurar un tercer centro clandestino de detención, que sería conocido simplemente como "300 Carlos", "El Infierno Grande" o "La Fábrica" 44 , emplazado en uno (o dos) de los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), en los fondos del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, sito en Avenida de las Instrucciones 1325, muy próximo a la vía férrea que une Peñarol con Manga. Tanto el Batallón como el SMA dependían directamente del Comando General del Ejército" . "La Tablada", un ex hotel, también conocido como "Base Roberto". Este fue utilizado entre enero de 1977 y 1983 inclusive. Estaba ubicado en Camino Melilla y Camino de las Tropas, actual Camino de la Redención".

Las muertes de la Operación Morgan
El informe documenta lo que denomina "el costo en vidas" de la Operación Morgan.
Además de los miles de presos, perseguidos, exiliados y torturados, 23 militantes comunistas fueron hechos desaparecer, de dos se recuperaron sus restos, 16 fueron asesinados en la tortura y 6 en prisión.
Los siguientes fueron los militantes comunistas muertos en tortura: Aldo Perrini Gualo, Nibya Sabalsagaray, Alvaro Balbi, Carlos María Argenta Estable, Ruben Etchebarne, Julián Basilio López, Ivo Edison Fernández Nieves, Oscar Olveira Rossano, Nicanor Aldabalde, Nuble Donato Yic, Humberto Pascaretta, Silvina Saldaña, Hilda Delacroix de Ormaechea, Dante Porta Moreira, Saúl Facio Soto, Myriam Vienes de Soares Netto Vladimir Roslik.
Muertos en prisión más adelante, Hugo Pereyra Cunha, Norma Cedrés de Ibarburu, Luis Pitterly, Miguel Almeida Molina, Emilio Fernández Doldán, Gerardo Cuesta Vila.
Detenidos desaparecidos durante la "Operación Morgan": José Luis Barboza Irrazábal, José Arpino Vega, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda Pérez, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermín Laureano Montes de Oca Doménech, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero Mattos, Líver Eduardo Trinidad, doctor Manuel Benjamín Liberoff Peisajovich, Edgardo Candia Correa, Carlos Bonavita Espínola, Eduardo Arigón, Oscar Baliñas, Oscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Félix Ortiz, Omar Paitta, Urano Miranda y Miguel Angel Mato Fagián. Raúl Feldman fue asesinado a balazos en Buenos Aires.

La modalidad represiva
Aunque las muertes son la consecuencia más grave de la Operación Morgan, no son la única. Durante diez años, efectivos policiales, del Ejército y de la Marina mantuvieron bajo estricta vigilancia "centros de trabajo, cooperativas de vivienda, facultades, liceos, clubes deportivos, centros culturales, grupos de reflexión católicos y centros artísticos". Persiguieron, detuvieron y torturaron a miles de hombres y mujeres, incluyendo menores de edad como durante el operativo contra los militantes de la UJC en Treinta y Tres y los militantes de la UJC de secundaria.
Aunque la represión contra el PCU y la UJC, extendida a la CNT y la FEUU clandestinas, fue permanente, la Operación Morgan contempló cinco grandes oleadas: octubre de 1975 a junio de 1976; mayo a setiembre de 1977; febrero a marzo de 1979; fines de 1981 a principios de 1982 y junio de 1983.
Para graficar esta extensa represión sobre los comunistas valga señalar que el primer desaparecido se registra en 1974 y el último diez años después, en 1984.
Los organismos represivos de la dictadura lograron asestar importantes golpes a una estructura del PCU que había sido legal durante muchos años y cuyos dirigentes eran muy conocidos, tanto los de nivel nacional como los de nivel medio. Fue capturado el secretario general del PCU, Rodney Arismendi, y con él cayó un fichero de la organización. Un año después cae la nueva dirección. En 1975 cae el triunvirato que había sustituido a la anterior y en 1979 nuevamente cae lo principal de la dirección comunista. En 1981 cae lo principal de la estructura sindical clandestina y una parte importante de los militantes de la UJC en la Universidad.
Aun así, los organismos represivos reconocen en sus informes que "el PCU y la UJC mantienen una importante presencia organizativa, sus órganos de prensa clandestinos, Carta y Líber Arce, se siguen imprimiendo y las estructuras se vuelven a levantar".
Otra idea de la dimensión de la represión, fue la realización de detenciones en al menos 23 ciudades del Interior del país. Algunos de los militares que tuvieron mando directo en la Operación Morgan son: general Amaury Prantl, jefe del Servicio de Información de Defensa (SID); general Esteban Cristi, comandante de la División de Ejército I, sede de OCOA en Montevideo; general Luis Queirolo, Comando General del Ejército; general Hugo Linares Brum, Región Militar Nº 1; general Iván Paulós, al mando del SID; y general Gregorio Alvarez, Región Militar 4, comandante en jefe del Ejército y Presidente de la dictadura. A ellos hay que agregar los integrantes del OCOA, los ocho militares actualmente presos y además el coronel Regino Burgueño. *

Varias ONG publican una lista con los nombres de 39 prisioneros de la CIA desaparecidos

El documento incluye a dos niños de siete años que estuvieron en prisiones secretas
 Son ciudadanos de países como Egipto, España, Kenia, Libia, Marruecos o

Pakistán -


AGENCIAS

MADRID.- Seis destacadas organizaciones de Derechos Humanos hicieron han hecho pública una lista, la más exhaustiva hasta la fecha, con los nombres y datos de 39 individuos que, según se cree, han estado recluidos en secreto bajo custodia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y cuyo paradero actual sigue sin conocerse.
El documento también menciona a familiares de los detenidos, incluso a niños de tan solo siete años, que también fueron supuestamente recluidos en prisiones secretas, según ha informado Amnistía Internacional (AI).
Este fue el caso de los dos hijos pequeños de Jalid Sheij Mohamed, de siete y nueve años de edad por entonces, detenidos en septiembre de 2002. Según testigos, los dos niños permanecieron recluidos en un centro de detención para adultos durante al menos cuatro meses, mientras los agentes estadounidenses los interrogaban sobre el paradero de su padre.
El informe, titulado 'Sin rastro oficial: Responsabilidad de EEUU en las desapariciones forzadas de la 'guerra contra el terror'', contiene información detallada sobre cuatro personas identificadas por primera vez como detenidos "desaparecidos".
En la lista figuran ciudadanos de países como Egipto, España, Kenia, Libia, Marruecos o Pakistán. Se cree que han sido detenidos en Irak, Irán, Pakistán, Somalia o Sudán, entre otros países, y trasladados a centros secretos de detención estadounidenses.
El secretismo del programa
La lista, realizada por las ONG Amnistía Internacional, Cageprisoners, Centro de Derechos Constitucionales, Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Human Rights Watch y Reprieve, reúne información de fuentes gubernamentales y de medios de comunicación, así como de entrevistas con ex detenidos y otros testigos.

El informe destaca aspectos del programa de detenciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) "que el Gobierno estadounidense ha tratado activamente de ocultar, como los lugares donde podrían haber permanecido recluidos algunos detenidos, los malos tratos que sufrieron y los países a los que posiblemente hayan sido trasladados".
Debido al secretismo que rodea al programa, ninguna persona ajena al Gobierno estadounidense sabe exactamente cuántas personas han estado recluidas y cuántas siguen desaparecidas, según el documento. El traslado por parte de la CIA de Abd al Hadi al Iraqi a Guantánamo, efectuado el pasado mes de abril, "pone de manifiesto que el programa continúa operativo", han afirmado las organizaciones.
Las seis organizaciones instan al Gobierno de EEUU a poner fin definitivamente al programa de detenciones e interrogatorios secretos de la CIA, y a hacer públicos la identidad, la suerte y el paradero de todas las personas que están o han estado recluidas en centros secretos operados o supervisados por EEUU.
Historia de un español
Entre los desaparecidos figura el ciudadano sirio de origen español Mustafá Setmariam Nasar, detenido el 1 de noviembre de 2005 en Quetta (Pakistán) por las autoridades paquistaníes, cuyo nombre figuraba en noviembre de 2004 en la lista de 'Los Terroristas Más Buscados' de la Policía Federal estadounidense (FBI) y a quien también se busca en España desde 2003 por su conexión con actividades de la red Al Qaeda.
Por Setamariam Nasar el Departamento de Estado de EEUU ofreció, en noviembre de 2004, una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información sobre su paradero.
Las autoridades de Washington aseguraron que Setmariam Nasar era miembro de Al Qaeda y un antiguo instructor en los campos de entrenamiento de Afganistán. Otros informes describieron a Setmariam Nasar como ideólogo y estratega. Aparte, Setmariam Nasar es una de las 35 personas que aparecen en el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en septiembre de 2003.
En marzo de 2006, el nombre de Setmariam Nasar fue eliminado de al menos una de las listas gubernamentales de EEUU sobre terroristas sospechosos. El 19 de julio de 2006, su nombre se incluyó en la lista de "terroristas que ya no constituyen una amenaza". Desde entonces no se ha publicado más información sobre la suerte de Setmanriam Nasar por parte del Gobierno de Bush y su paradero continua oficialmente sin ser explicado.

Maldades

MARUJA TORRES 07/06/2007

El anuncio de la ruptura oficial de la tregua por parte de la banda de asesinos pilló al jefe aparente de la desleal oposición con la casete antigua y el discurso rayado, se notaba que en la FAES estaban trabajando en ello, en la renovación del verbo sin perder las esencias, pero no llegaron a tiempo a la primera intervención. Por eso repitió don Mariano lo de basta de concesiones y cesiones. ¿No ve usted, señor Rajoy, la tarugada que surge de sus acicalados labios? ¿No entiende que si existieran tales mercedes, si el Gobierno hubiera accedido a proporcionar semejantes dádivas, la banda habríase dado por pelín satisfecha, continuando con la tregua que tan nerviosos puso a los de la calle Génova? ¿No se da cuenta de lo malignas que resultan sus exposiciones orales, así como las de sus correligionarios?
Ya que esta decisión de los terroristas les va a ustedes tan bien (vislumbran en el horizonte el regreso a la eterna Iberia que les es tan cómoda, la del enfrentamiento entre machos cabríos), al menos deberían mostrar, no sé, cierto gracejo. Vayan por ahí saludando como si acabaran de cortar las dos orejas y el rabo. Sí, ustedes, que han hecho lo imposible para entorpecer la razonable actitud del Gobierno -intentar acabar con la violencia por el diálogo: pero qué van a entender de dialogar-, ustedes tienen motivos sobrados para dar la vuelta al ruedo en los restaurantes del barrio de Salamanca, y en donde sea que se dedican a verter su bilis. Vamos a volver, vamos a volver. Ésa y no otra es su causa. No el fin del terrorismo, sino el fin del socialismo.
Es duro tener que admitirlo. Hay gente a la que esta ruptura alegra. Hay gente dispuesta a sacar ventaja. Es amargo tener que aceptar que esa gente, a la que tantos votan en muchas respetables zonas de nuestra geografía, va a seguir usando la sangre de las futuras víctimas en su carrera ciega hacia la recuperación del poder. Que el dios de los ateos nos asista como lo consigan, porque vienen con unas ganas que dan pánico.
Escribo en miércoles, no sé qué novedades habrán salido de las bocazas opositoras cuando ustedes lean esto. Pero me asustan tanto como las de la banda. Porque sus palabras también son muy malvadas.

La guerra del séptimo día

En buena hora el director de Aurora, diario en castellano en Israel, se cayó del catre. Parece ser que la realidad tarda pero funciona (A.A.)

Por Mario Wainstein


En estos días se cumplen cuarenta años de la Guerra de los Seis Días, que estalló el 5 de junio de 1967. En un contexto de amplia perspectiva, se trata de un episodio dentro de una guerra más amplia, que comenzó aproximadamente en 1882, según algunos, con la llegada de los primeros judíos con fines de asentarse en aldeas agrícolas, o en 1917, según otros, con la Declaración Balfour, que le dio oficialmente un tinte político nacional a esa inmigración judía a Palestina.
Sin embargo, y desde varios puntos de vista, la Guerra de los Seis Días marca un hito, es una bisagra en el tiempo, y ha conducido a cambios aún irresueltos, de manera que no es errado sostener que desde entonces y hasta ahora estamos inmersos en esa guerra: un séptimo día que se estira ominoso desde el fin de las batallas en el Golán en el sexto día y hasta hoy.
Es este séptimo día el que le cambia el carácter a los seis anteriores. Cualquiera que haya estado viviendo en Israel cuando estalló aquella guerra -y no fue el 5 de junio sino a mediados de mayo, cuando Nasser anunció la clausura de los estrechos de Tirán y emplazó al Ejército egipcio en amenazante actitud bélica junto a la frontera con Israel- sabe perfectamente que se trató de una guerra de legítima defensa por parte de Israel, que además trató vanamente de evitarla por todas las vías diplomáticas a su disposición.
Mientras en Egipto se lanzaban las amenazas más atroces a través de todos los medios de comunicación y de líderes como el jefe de la OLP de entonces, Ahmad Shukeiri, del tipo ``Los hombres (israelíes) al mar, las mujeres para nosotros'', la arenga grabada por Moshé Dayán y trasmitida por Kol Israel en la mañana del 5 de junio decía: ``Soldados del Ejército de Defensa de Israel, nosotros no tenemos ambiciones de conquistas'', y recalcaba que salíamos a defender nuestras casas y nuestras familias.
Desde entonces y hasta ahora, han surgido en Israel poderosos sectores convencidos de que sí tenemos ambiciones de conquistas y cambian el carácter de la guerra en forma retroactiva. Que nadie se llame a engaño: el cambio es posible y es válido, pese a la dificultad cronológica, y muchos imperios se levantaron ``sin intención'' y a posteriori, como por ejemplo el romano o el británico. No por eso fueron menos imperialistas.
Durante este largo séptimo día hemos descubierto que dejamos de ser un pueblo unido y mancomunado, convencido de la justicia de su causa y dispuesto a defenderla, todos juntos por igual. Ello porque discrepamos profundamente en temas elementales, como esa justicia de la causa. Lo que para unos es la defensa de nuestra integridad moral, es decir, la retirada de los territorios, para otros es alta traición a la patria.
La Guerra de los Seis Días produjo la más peligrosa de las combinaciones, que llevó a la confusión histórica más lamentable de la historia del sionismo por parte de un sector religioso: nacionalismo y religión, mesianismo y política, mística y sionismo.
Toda la acción sionista pasó a ser parte de un Plan Divino y todos los israelíes, laicos o religiosos, instrumentos de dicho Plan. Ese Plan no es secreto: la santa Tierra de Israel debe ser propiedad exclusiva del santo Pueblo de Israel, que debe vivir respetando la santa Torá de Israel y acelerar así el advenimiento del santo Mesías.
Ese integrismo fundamentalista judío constituye una degeneración del sionismo y es peligroso por los siguientes motivos: es anti democrático por definición, es extremista e inflexible, y consagra al territorio por encima del pueblo: éste debe sacrificarse en aras de áquel, lo que constituye la fórmula exactamente opuesta al sionismo, para el cual el territorio debe ser el instrumento, solamente el instrumento, para redimir finalmente al pueblo.
Dicho más claramente: a partir de la Guerra de los Seis Días creció una ideología que considera que Eretz Israel es más importante que Medinat Israel. La Tierra más que el Estado. Y esa lucha todavía la estamos librando.