23 desapariciones, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y cárcel y tortura para miles de personas
En las 3.612 páginas de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848 hay abundante documentación que prueba un hecho central: la práctica del terrorismo de Estado como política institucional de la dictadura.
Informe de inteligencia militar sobre la detención de León Lev y otros militantes comunistas en 1979.
Informe de operaciones de 1983. Se investigó en el Hospital de Clínicas y el Casmu buscando militantes de la UJC.
En el Tomo I, se abordan los operativos selectivos de los cuerpos de represión de la dictadura contra varias organizaciones: el Partido Comunista de Uruguay, el Partido por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Comunista Revolucionario.
El informe incorpora un exhaustivo análisis, que abarca de la página 75 a la 103 de la Operación Morgan, lanzada desde 1975 contra el Partido y la Juventud Comunista. Esta operación tiene varios elementos, reflejados en el informe, que la hacen paradigmática del accionar de la dictadura: su escenario privilegiado fue nuestro país, aunque también se extendió a Argentina. Participaron servicios de todas las fuerzas represivas en coordinación; se extendió en el tiempo desde 1975 hasta 1984 con varias oleadas represivas; implicó vigilancia sistemática de miles de uruguayos en todas sus actividades cotidianas y tuvo como consecuencia 23 desapariciones, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y cárcel y tortura para miles de personas.
Según el informe, en los archivos policiales consultados se logró establecer que el PCU y la UJC eran vigilados y había información detallada sobre sus actividades desde 1947. Cabe destacar que hablamos en ese período de una organización legal y con participación política y electoral.
Según el informe, "desde el punto de vista operativo, entre 1973 y 1975, el organismo de seguridad que más interviene en la represión al PC y la UJC fue la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). A partir de fines de 1975, con la ofensiva represiva desatada en la llamada, por las propias FFAA, "Operación Morgan", operó directamente la fuerza militar a través del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), dependiente de la División de Ejército I, así como el Servicio de Información de Defensa (SID), dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ). Y, sobre todo hacia fines de los años 70, intervino también en la represión contra los comunistas el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), dependiente del Comando General de la Armada".
Esta es una primera constatación, en la represión participaron coordinadamente reparticiones y efectivos del Ejército, la Armada y la Policía, incluso con participación de personal de las jefaturas policiales y unidades militares del Interior del país.
La represión, la vigilancia, las detenciones, las torturas y, por lo tanto, las muertes y desapariciones como consecuencia de estas acciones fueron organizadas y realizadas por reparticiones bien identificadas y formales de estas fuerzas y nada tuvo que ver con una acción aislada o espontánea de un "grupito de individuos".
"Igualmente, el intercambio de información y la coordinación entre éstos y otros servicios de seguridad del régimen, tanto policiales como militares, fue permanente durante todo el período de facto, así como con agencias de inteligencia de la región e internacionales", señala el informe.
Esta acción represiva extendida durante casi una década está, además, profusamente documentada (ver facsímiles) y en todos los casos era informada a los mandos, en particular a la Junta de Comandantes en Jefe. Los documentos policiales y militares que se incluyen en el informe no dejan dudas y nadie puede alegar desconocimiento.
Durante la denominada "Operación Morgan" se pusieron en operación varios centros clandestinos de reclusión, que funcionaron como centros de tortura y en los cuales murieron y desaparecieron decenas de uruguayos, del PCU y de otros grupos políticos de izquierda. Dice el informe: "Los centros clandestinos utilizados durante la operación de represión contra el PCU fueron conocidos con el nombre de "Infiernos", los que también fueron utilizados en la represión contra militantes de otras organizaciones, en particular del PVP. En un comienzo se utilizó la casa ubicada en Punta Gorda, en Rambla República de México 5515, también conocida como "300 Carlos R" o "Infierno Chico", y la casa conocida como "Cárcel del Pueblo", utilizada hasta 1972 por el MLN para retener ciudadanos secuestrados, situada en la calle Juan Paullier 1190 .
El día 2 de noviembre de 1975 por la madrugada, las decenas de militantes que se encontraban detenidos en esos centros de reclusión fueron trasladados en camiones militares para inaugurar un tercer centro clandestino de detención, que sería conocido simplemente como "300 Carlos", "El Infierno Grande" o "La Fábrica" 44 , emplazado en uno (o dos) de los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), en los fondos del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, sito en Avenida de las Instrucciones 1325, muy próximo a la vía férrea que une Peñarol con Manga. Tanto el Batallón como el SMA dependían directamente del Comando General del Ejército" . "La Tablada", un ex hotel, también conocido como "Base Roberto". Este fue utilizado entre enero de 1977 y 1983 inclusive. Estaba ubicado en Camino Melilla y Camino de las Tropas, actual Camino de la Redención".
Las muertes de la Operación Morgan
El informe documenta lo que denomina "el costo en vidas" de la Operación Morgan.
Además de los miles de presos, perseguidos, exiliados y torturados, 23 militantes comunistas fueron hechos desaparecer, de dos se recuperaron sus restos, 16 fueron asesinados en la tortura y 6 en prisión.
Los siguientes fueron los militantes comunistas muertos en tortura: Aldo Perrini Gualo, Nibya Sabalsagaray, Alvaro Balbi, Carlos María Argenta Estable, Ruben Etchebarne, Julián Basilio López, Ivo Edison Fernández Nieves, Oscar Olveira Rossano, Nicanor Aldabalde, Nuble Donato Yic, Humberto Pascaretta, Silvina Saldaña, Hilda Delacroix de Ormaechea, Dante Porta Moreira, Saúl Facio Soto, Myriam Vienes de Soares Netto Vladimir Roslik.
Muertos en prisión más adelante, Hugo Pereyra Cunha, Norma Cedrés de Ibarburu, Luis Pitterly, Miguel Almeida Molina, Emilio Fernández Doldán, Gerardo Cuesta Vila.
Detenidos desaparecidos durante la "Operación Morgan": José Luis Barboza Irrazábal, José Arpino Vega, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda Pérez, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermín Laureano Montes de Oca Doménech, Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chaves Sosa, Julio Escudero Mattos, Líver Eduardo Trinidad, doctor Manuel Benjamín Liberoff Peisajovich, Edgardo Candia Correa, Carlos Bonavita Espínola, Eduardo Arigón, Oscar Baliñas, Oscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Félix Ortiz, Omar Paitta, Urano Miranda y Miguel Angel Mato Fagián. Raúl Feldman fue asesinado a balazos en Buenos Aires.
La modalidad represiva
Aunque las muertes son la consecuencia más grave de la Operación Morgan, no son la única. Durante diez años, efectivos policiales, del Ejército y de la Marina mantuvieron bajo estricta vigilancia "centros de trabajo, cooperativas de vivienda, facultades, liceos, clubes deportivos, centros culturales, grupos de reflexión católicos y centros artísticos". Persiguieron, detuvieron y torturaron a miles de hombres y mujeres, incluyendo menores de edad como durante el operativo contra los militantes de la UJC en Treinta y Tres y los militantes de la UJC de secundaria.
Aunque la represión contra el PCU y la UJC, extendida a la CNT y la FEUU clandestinas, fue permanente, la Operación Morgan contempló cinco grandes oleadas: octubre de 1975 a junio de 1976; mayo a setiembre de 1977; febrero a marzo de 1979; fines de 1981 a principios de 1982 y junio de 1983.
Para graficar esta extensa represión sobre los comunistas valga señalar que el primer desaparecido se registra en 1974 y el último diez años después, en 1984.
Los organismos represivos de la dictadura lograron asestar importantes golpes a una estructura del PCU que había sido legal durante muchos años y cuyos dirigentes eran muy conocidos, tanto los de nivel nacional como los de nivel medio. Fue capturado el secretario general del PCU, Rodney Arismendi, y con él cayó un fichero de la organización. Un año después cae la nueva dirección. En 1975 cae el triunvirato que había sustituido a la anterior y en 1979 nuevamente cae lo principal de la dirección comunista. En 1981 cae lo principal de la estructura sindical clandestina y una parte importante de los militantes de la UJC en la Universidad.
Aun así, los organismos represivos reconocen en sus informes que "el PCU y la UJC mantienen una importante presencia organizativa, sus órganos de prensa clandestinos, Carta y Líber Arce, se siguen imprimiendo y las estructuras se vuelven a levantar".
Otra idea de la dimensión de la represión, fue la realización de detenciones en al menos 23 ciudades del Interior del país. Algunos de los militares que tuvieron mando directo en la Operación Morgan son: general Amaury Prantl, jefe del Servicio de Información de Defensa (SID); general Esteban Cristi, comandante de la División de Ejército I, sede de OCOA en Montevideo; general Luis Queirolo, Comando General del Ejército; general Hugo Linares Brum, Región Militar Nº 1; general Iván Paulós, al mando del SID; y general Gregorio Alvarez, Región Militar 4, comandante en jefe del Ejército y Presidente de la dictadura. A ellos hay que agregar los integrantes del OCOA, los ocho militares actualmente presos y además el coronel Regino Burgueño. *
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