23 diciembre 2008

El lastre de las favelas



El país, que aspira a convertirse en una potencia mundial, debe aún resolver el problema de más de 50 millones de personas que residen en infraviviendas

J. A. - Río de Janeiro - 23/12/2008

¿Qué hacer con las 16.433 favelas desparramadas por todo Brasil? Al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, le pesan políticamente. Sabe que una nación con vocación de potencia mundial y con fuerte liderazgo en América Latina no se puede permitir ser el tercer país del mundo, tras China e India, con mayor número de favelas, en las que se calcula que viven hacinados cerca de diez millones de personas.
Esto, sin contar con los que que, sin vivir en favelas propiamente dichas (consideradas como un conjunto de al menos 50 familias viviendo ilegalmente y sin infraestructuras higiénicas), se alojan en viviendas improvisadas o en viejos edificios ocupados. Según datos oficiales, más de 50 millones de brasileños viven en infraviviendas.
A Brasil le falta desde hace décadas una política de vivienda. Eso ha hecho que el país se esté favelizando hasta el punto que, según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 1.837 de los 5.564 municipios del país admiten tener barrios chabolistas. Cuiabá, capital del Estado de Mato Grosso, es la única de las 37 ciudades del país con más de 500.000 habitantes que declara que no tiene favelas.
"Son como un cáncer con metástasis", ha confesado un alto funcionario del Ministerio de las Ciudades, que no quiso dar su nombre y que afirma que "Brasil se está favelizando". Se piensa a veces que las favelas son sólo un triste patrimonio de Río de Janeiro, donde se apiñan en colinas con vistas maravillosas que de lejos parecen pequeñas ciudades medievales europeas. Nada más errado. Si Río tiene cerca de 1.000 favelas, São Paulo tiene el doble: más de 2.000, con la diferencia de que no se ven, porque están diseminadas en la periferia, fuera de la ciudad.
Más aún, mientras uno de cada cuatro habitantes de Río reside en una favela, el promedio de las favelas en otras ciudades del país es muy superior. En Recife, por ejemplo, el 46% de la población vive en favelas, mientras que en Fortaleza, el 33% de los habitantes reside en barrios chabolistas. Y el número está llamado a crecer en todo el país, porque el índice de natalidad de las familias de las favelas es elevado.
Las ciudades con mayor número de favelas de todo el país son São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte y Belem, que también son las que registran un mayor índice de violencia y de homicidios.
El Gobierno de Lula tiene prisa en abordar el espinoso tema de la vivienda en todo el país. A ello se debe el lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda, que supone la creación de 12 millones de casas en los próximos 15 años, así como la transformación de las grandes favelas actuales en barrios con infraestructuras como los demás, en los que entre el Estado. Se pretende evitar así que los traficantes de drogas se adueñen del territorio, creando un Estado paralelo y una trágica situación de violencia que afecta a los sufridos moradores, trabajadores que sólo anhelan poder vivir en paz como los demás habitantes de la ciudad.
En Río, la desaparición de los traficantes de drogas de la favela Morro de Dona Marta, en el barrio céntrico de Botafogo, gracias a la presencia permanente de las fuerzas del orden, a la creación de "policías comunitarias" y a la llegada de infraestructuras y proyectos sociales, ha sido la primera señal de que lo que parecía imposible puede llegar a ser una realidad.
De ahí las continuas visitas de Lula a las favelas en los últimos meses. "Es importante tener clara la visión política" dijo Lula recientemente, durante una visita al Complexo Alemão, el conjunto de favelas mayor y más violento de Río, "de por qué Brasil se empobrece tanto y por qué aumenta el número de personas que viven en situaciones degradantes, como si diera la impresión de que a Dios no le gustan los pobres", y añadió que "eso no es obra de Dios, sino abandono de los que gobernaron este país desde hace 30 años".
Conversando amigablemente con los moradores de las favelas de Río, Lula se desahogó: "Ni ustedes tienen por qué ver a la policía como enemiga, ni la policía les debe ver a ustedes como bandidos. Eso tiene que acabar". Preocupado por el número cada vez mayor de jóvenes que entran en las filas del tráfico de drogas, Lula comentó: "Cuando veo a un joven de 20 años ser detenido, pienso que es víctima de las políticas sociales, educacionales y económicas que nunca existieron en este país. Por ello, la culpa de que ese joven se haya convertido en un traficante de drogas es del Estado".
A pesar de que en los seis años de Gobierno de Lula la pobreza ha disminuido en Brasil, con el aumento de la clase media baja, la desigualdad entre pobres y ricos sigue siendo sangrante.
Según el último estudio realizado por el IBGE y publicado la semana pasada, el 32,6% de los municipios del país tenía en 2003 más del 50% de su población viviendo en la pobreza absoluta.


Mapa oficial de la 'favelización' de Brasil

Según un estudio publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) el pasado 12 de diciembre, el 33% de los municipios del país tiene favelas; en el 25,1% existen viviendas comunitarias irregulares con varias familias amontonadas, y en el 53,2% hay viviendas clandestinas e irregulares. Entre estas últimas no sólo están las levantadas por los mismos moradores, sino también aquellas que no han recibido los permisos oficiales para ser habitadas, incluso en barrios de clase media y alta. Según los analistas, estos datos oficiales podrían ser mucho mayores en la realidad, ya que proceden directamente de las alcaldías, que pueden maquillar los datos para no afear la imagen de sus ciudades. Por regiones, los porcentajes de población residente en infraviviendas son los siguientes:
Noreste: Un 32,7% de los municipios de esta región declara que tiene favelas; un 18,5%, que existen viviendas comunitarias irregulares, y un 53,2%, que hay casas clandestinas e irregulares.
Norte: Existen favelas en un 41,9% de los municipios; viviendas comunitarias irregulares, en un 31,8%, y viviendas clandestinas e irregulares, en un 57,9%.
Centro oeste: Un 19,5% de los municipios de esta región declara la existencia de favelas; un 22,5%, de viviendas comunitarias irregulares, y un 47,9, de casas clandestinas e irregulares.
Sureste: Hay favelas en un 29,7% de los municipios; viviendas comunitarias irregulares, en un 29,9%, y casas clandestinas e irregulares, en un 59%.
Sur: Está declarada la existencia de favelas en un 41% de los municipios; de viviendas comunitarias irregulares, en un 26,9%, y de casas clandestinas e irregulares, en un 62,4%.

La nieta 96 de las Abuelas

Hoy anuncian las Abuelas de Plaza de Mayo que lograron restituir la identidad de la niña nacida en 1978, en el centro clandestino de la Quinta de Funes. Es el octavo caso en el año.

Raquel Carolina Negro estaba embarazada de siete meses. La secuestraron en Mar del Plata, el 2 de enero de 1978, igual que a su marido Edgar Tulio Valenzuela. Durante su cautiverio dio a luz a una niña, cuya identidad acaba de ser restituida por la Justicia. Las Abuelas de Plaza de Mayo darán hoy a conocer su historia.
Ella es la octava nieta recuperada por las Abuelas a lo largo del año, y la número 96 desde que comenzaron con las búsquedas. Según los datos del Nunca Más, su madre estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Los sobrevivientes dijeron que el nacimiento fue en marzo de 1978.
En enero de 2008, Rosario/12 entrevistó a un militar acusado del traslado y el secuestro de Negro y Valenzuela. Se trataba de Eduardo “Tucu” Constanzo, que permanece con arresto domiciliario en Santa Fe. En esa entrevista, Constanzo relató algunos de los detalles del cautiverio y el nacimiento de los mellizos que engendraba Raquel. Esos datos le habrían permitido a la Justicia acelerar el hallazgo de al menos de una de las hijas.
“A la chica embarazada que era la mujer de Tulio Valenzuela –dijo entonces el represor– la internan en el Hospital de Paraná como sobrina de Galtieri y la ubican en una habitación con dos camas, aislada, porque no querían que tomara contacto con nadie. Y pusieron a uno de nosotros de custodia las 24 horas. Así, hasta que tuvo los mellizos y me enteré de que el nene había nacido muerto y la nenita la entregaron Pagano y Amelong en un convento. Hay que averiguar en qué lugar fue por la fecha. Esto fue en el año ’78, antes del Mundial.”
En cautiverio, Raquel y Tulio habían decidido fingir ceder a las presiones del Ejército. Y mientras ella se quedó en Quinta de Funes, Tulio viajó a México con un Comando del Ejército para delatar a sus compañeros de militancia política de Montoneros, que estaban refugiados allá. Apenas llegó –recuerda el Nunca Más– burló a sus captores y denunció el operativo. Cuando volvió, lo secuestraron nuevamente. El represor Constanzo admitió que también actuó en ese operativo. Dijo que Inteligencia del Ejército organizó llevarse a Tulio Valenzuela a México para “chupar a Firmenich y a Vaca Narvaja que iban a una reunión. Pero Valenzuela en lugar de ir a la reunión fue a los diarios y dijo que venían militares a matar Montoneros. Se armó un revuelo bárbaro”.
Según el represor, a Raquel la asesinaron “dos o tres meses antes del Mundial de Fútbol”, la misma noche en la que un grupo de militares mató a los detenidos de otro centro clandestino, La Intermedia. “La trajeron a esa chica muerta, desnuda en un auto Peugeot 504”, dijo.
La localización de la hija de Raquel Carolina Negro y Edgard Tulio Valenzuela será dada a conocer este mediodía, durante una conferencia de prensa convocada en la sede de la asociación.


El lastre de las favelas
El país, que aspira a convertirse en una potencia mundial, debe aún resolver el problema de más de 50 millones de personas que residen en infraviviendas
J. A. - Río de Janeiro - 23/12/2008

¿Qué hacer con las 16.433 favelas desparramadas por todo Brasil? Al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, le pesan políticamente. Sabe que una nación con vocación de potencia mundial y con fuerte liderazgo en América Latina no se puede permitir ser el tercer país del mundo, tras China e India, con mayor número de favelas, en las que se calcula que viven hacinados cerca de diez millones de personas.
Esto, sin contar con los que que, sin vivir en favelas propiamente dichas (consideradas como un conjunto de al menos 50 familias viviendo ilegalmente y sin infraestructuras higiénicas), se alojan en viviendas improvisadas o en viejos edificios ocupados. Según datos oficiales, más de 50 millones de brasileños viven en infraviviendas.
A Brasil le falta desde hace décadas una política de vivienda. Eso ha hecho que el país se esté favelizando hasta el punto que, según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 1.837 de los 5.564 municipios del país admiten tener barrios chabolistas. Cuiabá, capital del Estado de Mato Grosso, es la única de las 37 ciudades del país con más de 500.000 habitantes que declara que no tiene favelas.
"Son como un cáncer con metástasis", ha confesado un alto funcionario del Ministerio de las Ciudades, que no quiso dar su nombre y que afirma que "Brasil se está favelizando". Se piensa a veces que las favelas son sólo un triste patrimonio de Río de Janeiro, donde se apiñan en colinas con vistas maravillosas que de lejos parecen pequeñas ciudades medievales europeas. Nada más errado. Si Río tiene cerca de 1.000 favelas, São Paulo tiene el doble: más de 2.000, con la diferencia de que no se ven, porque están diseminadas en la periferia, fuera de la ciudad.
Más aún, mientras uno de cada cuatro habitantes de Río reside en una favela, el promedio de las favelas en otras ciudades del país es muy superior. En Recife, por ejemplo, el 46% de la población vive en favelas, mientras que en Fortaleza, el 33% de los habitantes reside en barrios chabolistas. Y el número está llamado a crecer en todo el país, porque el índice de natalidad de las familias de las favelas es elevado.
Las ciudades con mayor número de favelas de todo el país son São Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte y Belem, que también son las que registran un mayor índice de violencia y de homicidios.
El Gobierno de Lula tiene prisa en abordar el espinoso tema de la vivienda en todo el país. A ello se debe el lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda, que supone la creación de 12 millones de casas en los próximos 15 años, así como la transformación de las grandes favelas actuales en barrios con infraestructuras como los demás, en los que entre el Estado. Se pretende evitar así que los traficantes de drogas se adueñen del territorio, creando un Estado paralelo y una trágica situación de violencia que afecta a los sufridos moradores, trabajadores que sólo anhelan poder vivir en paz como los demás habitantes de la ciudad.
En Río, la desaparición de los traficantes de drogas de la favela Morro de Dona Marta, en el barrio céntrico de Botafogo, gracias a la presencia permanente de las fuerzas del orden, a la creación de "policías comunitarias" y a la llegada de infraestructuras y proyectos sociales, ha sido la primera señal de que lo que parecía imposible puede llegar a ser una realidad.
De ahí las continuas visitas de Lula a las favelas en los últimos meses. "Es importante tener clara la visión política" dijo Lula recientemente, durante una visita al Complexo Alemão, el conjunto de favelas mayor y más violento de Río, "de por qué Brasil se empobrece tanto y por qué aumenta el número de personas que viven en situaciones degradantes, como si diera la impresión de que a Dios no le gustan los pobres", y añadió que "eso no es obra de Dios, sino abandono de los que gobernaron este país desde hace 30 años".
Conversando amigablemente con los moradores de las favelas de Río, Lula se desahogó: "Ni ustedes tienen por qué ver a la policía como enemiga, ni la policía les debe ver a ustedes como bandidos. Eso tiene que acabar". Preocupado por el número cada vez mayor de jóvenes que entran en las filas del tráfico de drogas, Lula comentó: "Cuando veo a un joven de 20 años ser detenido, pienso que es víctima de las políticas sociales, educacionales y económicas que nunca existieron en este país. Por ello, la culpa de que ese joven se haya convertido en un traficante de drogas es del Estado".
A pesar de que en los seis años de Gobierno de Lula la pobreza ha disminuido en Brasil, con el aumento de la clase media baja, la desigualdad entre pobres y ricos sigue siendo sangrante.
Según el último estudio realizado por el IBGE y publicado la semana pasada, el 32,6% de los municipios del país tenía en 2003 más del 50% de su población viviendo en la pobreza absoluta.
Mapa oficial de la 'favelización' de Brasil
Según un estudio publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) el pasado 12 de diciembre, el 33% de los municipios del país tiene favelas; en el 25,1% existen viviendas comunitarias irregulares con varias familias amontonadas, y en el 53,2% hay viviendas clandestinas e irregulares. Entre estas últimas no sólo están las levantadas por los mismos moradores, sino también aquellas que no han recibido los permisos oficiales para ser habitadas, incluso en barrios de clase media y alta. Según los analistas, estos datos oficiales podrían ser mucho mayores en la realidad, ya que proceden directamente de las alcaldías, que pueden maquillar los datos para no afear la imagen de sus ciudades. Por regiones, los porcentajes de población residente en infraviviendas son los siguientes:
Noreste: Un 32,7% de los municipios de esta región declara que tiene favelas; un 18,5%, que existen viviendas comunitarias irregulares, y un 53,2%, que hay casas clandestinas e irregulares.
Norte: Existen favelas en un 41,9% de los municipios; viviendas comunitarias irregulares, en un 31,8%, y viviendas clandestinas e irregulares, en un 57,9%.
Centro oeste: Un 19,5% de los municipios de esta región declara la existencia de favelas; un 22,5%, de viviendas comunitarias irregulares, y un 47,9, de casas clandestinas e irregulares.
Sureste: Hay favelas en un 29,7% de los municipios; viviendas comunitarias irregulares, en un 29,9%, y casas clandestinas e irregulares, en un 59%.
Sur: Está declarada la existencia de favelas en un 41% de los municipios; de viviendas comunitarias irregulares, en un 26,9%, y de casas clandestinas e irregulares, en un 62,4%.

La justicia argentina ordena que el dictador Videla continúe en prisión



Rechazada la petición del represor para quedar de nuevo en arresto domiciliario

ALEJANDRO REBOSSIO - Buenos Aires - 23/12/2008


El dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), de 83 años, no podrá regresar al piso donde vivía con su esposa, en el distinguido barrio de Belgrano, en Buenos Aires, sino que deberá permanecer en una cárcel común dentro del regimiento militar de Campo de Mayo, a las afueras de la capital. Así lo dispuso ayer la Cámara de lo Criminal y Correccional Federal, que rechazó la petición de Videla de volver a su domicilio, de donde había tenido que marcharse en octubre pasado por decisión de un juez de primera instancia.
Videla, que encabezó la dictadura militar más cruel de la historia argentina, fue condenado en 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, a prisión perpetua por violaciones de los derechos humanos, pero en 1990 el entonces presidente, Carlos Menem, lo indultó. Permaneció libre durante ocho años, hasta que en 1998, cuando Menem aún gobernaba, la justicia ordenó su arresto domiciliario por delitos que no habían sido juzgados en la década anterior: el robo de bebés que detenidas desaparecidas tuvieron en cautiverio. Por esta causa y por el secuestro de dos empresarios, Videla está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, que dispuso hace dos meses su traslado a una prisión controlada por el Servicio Penitenciario Federal, aunque emplazada en terrenos del Ejército. La mudanza había sido solicitada por organismos de derechos humanos, que reclaman que todos los criminales de la última dictadura argentina cumplan sus condenas en cárceles comunes y no en las militares.
"No pueden existir diferencias ni privilegios a favor de Videla", habían reclamado a la justicia la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, querellante en el secuestro de los hermanos empresarios Gutheim, y la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que demanda a Videla por la sustracción de sus nietos. Los querellantes estaban comparando la situación del primer jefe de la última dictadura (1976-1983) con la de otros procesados por delitos de lesa humanidad del mismo periodo.
El juez Oyarbide determinó en octubre que, como la Corte Suprema había declarado el año pasado —durante el Gobierno de Néstor Kirchner— la inconstitucionalidad del indulto de Menem, "Videla volvió a ostentar carácter de condenado" por la causa iniciada en 1984 y finalizada en 1985. Ayer, dos de los tres magistrados de la Sala Segunda de la Cámara Federal ratificaron la decisión de Oyarbide. Uno de ellos, Horacio Cattani, argumentó que "no existen exámenes médicos que fundadamente justifiquen que Videla deba permanecer bajo la modalidad de arresto domiciliario". El tercer juez votó a favor del regreso de Videla al hogar por su edad y por haber respetado el arresto domiciliario durante 10 años.
Videla aún espera el juicio oral por los casos del secuestro de los Gutheim, el robo de bebés, la Operación Cóndor (el acuerdo entre las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para la represión ilegal de izquierdistas en la región durante los años setenta) y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Primer Cuerpo del Ejército.
Organismos de derechos humanos calculan que 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, mientras que un informe oficial constató en los ochenta unos 11.000 casos.
La polémica por la detención de los criminales de la dictadura se reavivó la semana pasada, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación a una veintena de ex marinos con prisión preventiva, entre ellos los emblemáticos represores Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta. La fiscalía y el Gobierno apelaron la decisión ante la Corte Suprema y así se evitó la liberación de los acusados. Ayer, uno de magistrados de aquella Cámara, Guillermo Yacobucci, intentó defenderse, ahora que el Ejecutivo quiere destituirlo: dijo a una radio que los ex militares llevaban siete años presos sin condena, un plazo superior al permitido por la prisión preventiva. Y criticó a los jueces que llevan adelante los procesos por lentitud: "Hay un retardo de justicia que es culpa del poder judicial". Por último, aclaró que los delitos del último régimen le generan "repugnancia visceral".

De la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino


Por Ruben Elías - Integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino


En los dos últimos meses del presente año se han realizado por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de PNUD, las jornadas denominadas "Señales Eticas '83" donde --en forma loable--, a través de distinguidos panelistas y sus moderadores se destaca la acción de una generación de jóvenes en la resistencia a la dictadura cívico militar que padeció el Uruguay. En estas jornadas, con justeza, se homenajea a personalidades y a instituciones que desempeñaron un papel relevante en esa resistencia y que el país todo deberá reconocer y agradecer siempre.
Para la última jornada --11 de diciembre- se pone énfasis principalmente en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas. Tan pronto nos enteramos del programa de actividades, advertimos que, a nuestro juicio, esa jornada se vería desvirtuada por la presencia --como moderador-- de Ernesto Kreimerman, quien públicamente ha demostrado desconocer derechos elementales de los pueblos del Líbano y Palestina; así como justificado el "terrorismo de estado" y acciones como los "asesinatos selectivos" practicados por Israel. ¿qué señal ética se pretende dar cuando en un acto de conmemoración de la Declaración Universal, el moderador justifica las violaciones de los Derechos Humanos y crímenes aberrantes similares a los cometidos por la dictadura en el Uruguay?
En atención a la dignidad de los panelistas y de la personalidad a la cual se le hace un reconocimiento, solicitamos a las autoridades del MEC revisar la organización de este acto indicando que era contradictorio con el carácter universal de los Derechos Humanos y no daba claras señales éticas. Pese a que con antelación suficiente informamos y ofrecimos evidencias filmadas a las autoridades del MEC, se hizo oídos sordos a nuestros planteos.
Por las razones expuestas la Comisión de Apoyo al Pueblo palestino - Uruguay desea dejar constancia y denunciar la "muy particular" interpretación de los Derechos Humanos que hacen la Directora de DDHH y el subsecretario del MEC, desconociendo el carácter unviersal de los mismos y legitimando el terrorismo de estado practicado por Israel, el que ha sido condenado en reiteradas oportunidades por la mayoría de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Uruguay.