TODO 20/4

El Senado cuestiona al fiscal general
por actuar como instrumento político de Bush

La presión de senadores demócratas
y republicanos pone a Gonzáles al borde de la dimisión

En una dramática sesión de interrogatorio ante el Senado, que registró sus numerosas contradicciones y vacíos de memoria, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, quedó retratado como un administrador incompetente y sectario que ha puesto su lealtad a George W. Bush por encima del interés nacional y de las obligaciones de la justicia. Unos con duras palabras, otros con expresiones más corteses, la mayoría de los senadores que intervinieron destacaron la incapacidad de Gonzales para continuar en el cargo y le señalaron amablemente la puerta de salida.
El fiscal general (ministro de Justicia) inició con cierto aspecto de serenidad la sesión en la que debía explicar el sospechoso despido de ocho fiscales federales. "Aunque admito que alguna gente razonable puede estar en desacuerdo, mi decisión de pedir las renuncias de esos fiscales está justificada y era necesaria", declaró ante los miembros del Comité de Asuntos Judiciales del Senado.
Reconoció algunos errores de comunicación y lamentó no haber explicado mejor a los propios afectados, al Congreso y a la opinión pública las razones de esa decisión, pero aseguró que no hay nada extraño en ella y que la tomó él, a propuesta de sus consejeros, y sin ninguna motivación política.
A partir de ahí, Gonzales fue incapaz de despejar las sospechas de los senadores, que le presentaron numerosas indicaciones -si bien es verdad que no pruebas contundentes- de que el fiscal no estaba diciendo la verdad y que los ocho fiscales fueron despedidos dentro de una limpieza política dirigida, en realidad, desde la Casa Blanca por el principal asesor presidencial, Karl Rove.
Gonzales no recordaba la reunión celebrada el 27 de noviembre -revelada en su testimonio anterior ante este mismo comité por el entonces jefe de Gabinete de Gonzales, Kyle Sampson- en la que se evaluó políticamente a los fiscales que después serían despedidos. No recordó tampoco cuándo tomó la decisión de pedirles la renuncia. No recordaba haber ordenado a Sampson -como también confesó éste- que elaborara un informe sobre los fiscales ni que en ese informe hubiera sido mediocremente valorado Patrick Fitzgerald, el fiscal que investigó el caso de la espía Valerie Plame y que está casi unánimemente reconocido como el mejor fiscal del país. Más grave aún, no recordaba haber hablado con Rove sobre Fitzgerald.
Sí admitió, sin embargo, que Rove le habló en alguna ocasión de los casos de supuesto fraude electoral en Nuevo México, donde era fiscal David Iglesias. Esa conversación había ocurrido el 11 de octubre. El nombre de Iglesias fue incluido en la lista de despedidos, según Gonzales, entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre. Iglesias contó ante este comité del Senado que, antes de su destitución, había recibido presiones de varios políticos republicanos para que actuara contra dirigentes demócratas que podrían haber estado implicados en el caso de fraude en el que estaba interesado Rove.
La intervención de Rove en este escándalo multiplica notablemente su potencial destructivo para esta Administración. El comité del Senado ha recibido de la Casa Blanca miles de correos electrónicos y otros documentos sobre la actuación de Rove en el asunto. Pero, en las últimas semanas, se ha sospechado que el asesor de Bush podría haber tratado el tema desde otra cuenta de correo electrónico que tiene en el Partido Republicano. Esos correos, también reclamados por el Senado, han desaparecido misteriosamente. En ese punto, la investigación por el despido de los fiscales puede apuntar directamente a Bush. Pero, de momento, la presencia de Gonzales en ese duro banquillo del comité es un momento difícil para el presidente norteamericano.
Asesor en Tejas
Bush y Gonzales son amigos personales desde hace años. Gonzales, de hecho, ha sido casi el abogado personal de Bush durante mucho tiempo. Fue su fiscal general en Tejas, un auténtico consultor en materia legal durante aquellos años como gobernador. Y asumió prácticamente el mismo papel cuando Bush se mudó a la Casa Blanca. Gonzales fue el hombre que diseñó el marco legal para la lucha contra el terrorismo, el que elaboró la teoría de los combatientes extranjeros para dar cobertura legal a la prisión de Guantánamo y los juicios militares.
Los senadores sospechan que Gonzales sigue cumpliendo el mismo papel -el papel de abogado personal de Bush- en este asunto de los fiscales. No es que el presidente no pueda despedir a los fiscales federales, que puede. De hecho, desde Jimmy Carter hasta hoy, cada presidente renovó por completo la plantilla de 93 fiscales generales al llegar a la Casa Blanca. El problema radica en el proceso de toma de decisión y en las razones por las que se produce la sustitución. Es normal que una nueva Administración busque un equipo de fiscales mejor identificados con su política judicial. Pero representa un serio delito obligar después a esos fiscales a actuar de acuerdo con prioridades políticas o amenazar o cuestionar su independencia.
Ése es el flanco al que apuntaron ayer las preguntas de los senadores. "Me parece que las razones para estas destituciones tienen más que ver con la política que con cómo han hecho su trabajo estas personas", le dijo el presidente del comité, el demócrata Patrick Leahy.
A la mayoría de esas preguntas, Gonzales contestó con un "no recuerdo", lo que, en gran medida, puede significar una forma de martirio para salvar a su amigo Bush. Como le dijeron incluso algunos senadores republicanos -como Tom Coburn: "La mejor manera de salir de esto es su dimisión"-, al no defender su posición con acierto, Gonzales está pidiendo también la renuncia, si no por sectarismo político, por incompetencia.