12 mayo 2007

TODO / Darfur, el tiempo se acaba

En este artículo, los autores analizan el papel del gobierno español y de la comunidad internacional ante el padecimiento que vive la población en la región de Darfur, en una crisis que ha ido consolidándose como la mayor tragedia humanitaria de la escena internacional. Los autores denuncian una situación que ha ido agravándose desde febrero de 2003 e instan al gobierno sudanés a que acepte sin demora el despliegue de una fuerza de paz híbrida bajo el mando de la Unión Africana y de Naciones Unidas. España, además, apoyará de forma activa todas aquellas acciones encaminadas a evitar la impunidad de aquéllos que han cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y contra la humanidad.

Por Bernardino León y Leire Pajín

Injusticia, olvido, vulnerabilidad, violación de derechos, es difícil encontrar términos nuevos que definan el padecimiento que vive la población en la región de Darfur. A los más de 2 millones de desplazados se unen los 200.000 refugiados en el Chad y 300.000 muertos. Los graves y dramáticos acontecimientos de las últimas semanas, que han producido más de doscientos muertos incluyendo a siete efectivos de la Unión Africana que vigilaban un centro de distribución de agua, así como los ataques a representantes de organizaciones no gubernamentales, traen a nuestro recuerdo el largo y penoso padecimiento que vive la población de Darfur.
Es difícil explicar cómo desde febrero de 2003 esta crisis, lejos de ser superada, ha ido empeorando y consolidándose como la mayor tragedia humanitaria de la escena internacional. Cada viaje a Darfur sirve para constatar que la comunidad internacional no está a la altura del reto planteado y cuesta entender cómo más de un año después del inicio de esta tragedia nuestro país todavía no había reaccionado, ni con ayuda ni con presencia política.
Desde su toma de posesión en 2004, el gobierno español tomó la decisión de convertir Darfur en una prioridad de su política exterior y de cooperación. En septiembre de 2004, el ministro Moratinos, la secretaria de Estado de Cooperación y una delegación de parlamentarios visitaron los campos de refugiados de Darfur. En la Conferencia de Donantes de Oslo, en abril de 2005, España se comprometió a destinar a esta crisis al menos 30 millones de euros en el período 2005-2007, y en marzo de 2006 se aprobó la reapertura de nuestra misión diplomática en Sudán.
El pasado mes de enero realizamos una visita a Sudán, que incluyó un diálogo crítico y constructivo con el gobierno sudanés, así como un desplazamiento a los campos de refugiados de Darfur y encuentros con cooperantes españoles y con representantes de las distintas agencias de la ONU.
Una esperanza truncada
En contraste con todo lo anterior, durante nuestra estancia en la capital sudanesa, fuimos testigos de la esperanzadora situación que se vive en Khartum, tras la firma del Acuerdo Global de Paz en 2005, que hizo posible superar la larga etapa de guerra civil entre el norte y el sur del país.
Dicho acuerdo fue posible gracias a la conjunción de dos factores: la firmeza de la comunidad internacional, que impulsó la celebración de contactos entre las partes en conflicto, y el espíritu constructivo con el que el gobierno de Khartum y los hasta entonces rebeldes del SPLM abordaron las negociaciones. Éste es sin duda el modelo a seguir. El acuerdo global debería inspirar al gobierno sudanés y a la comunidad internacional en la búsqueda de una solución justa a la crisis de Darfur que exigirá de todos los actores implicados voluntad política.
La solidez del nuevo marco de convivencia entre el norte y el sur pudo superar pruebas tan duras como la trágica muerte del histórico líder John Garang o las amenazas de nuevos estallidos en el sudeste del país. Dado que ese espíritu constructivo con el que se abordaron las negociaciones en 2005 está ahora ausente, lo que lleva a niveles inaceptables el sufrimiento del pueblo sudanés, tenemos que trabajar para recuperarlo y situar a Sudán en el puesto de relevancia que le corresponde, tanto en África como en la comunidad internacional.
Ese es el mensaje que transmitimos en enero a nuestros interlocutores del gobierno de Sudán. España, junto con los demás países de la Unión Europea y con Naciones Unidas, sigue plenamente dispuesta a acompañar el proceso de paz que está siendo liderado por la Unión Africana y que llevó a la firma, el pasado año, del acuerdo de paz de Darfur. En estos momentos, la única vía abierta para la plena ejecución del acuerdo de paz y el consiguiente alto el fuego efectivo es la puesta en práctica del llamado Plan Annan que, en un proceso de tres etapas, desembocará en el despliegue de una fuerza de paz híbrida bajo el mando de la Unión Africana y de Naciones Unidas, en la que España está plenamente dispuesta a participar.
En nuestras conversaciones con las autoridades sudanesas reiteramos la solicitud de España y la comunidad internacional para que el gobierno de Sudán acepte sin demora el despliegue de dicha fuerza, primer paso de una serie de acciones que pueden paliar el sufrimiento de la población de Darfur.
Mientras continúan los esfuerzos para lograr una solución política duradera al conflicto, las organizaciones no gubernamentales siguen trabajando a diario en un contexto enormemente complejo y peligroso, con y para las víctimas de esta crisis. Llevan a cabo un excelente trabajo en condiciones muy duras y complicadas, para orgullo tanto de nuestra sociedad como del gobierno.
España, además, apoyará activamente todas aquellas acciones -particularmente las llevadas a cabo por el Tribunal Penal Internacional, con mandato expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- encaminadas a evitar la impunidad de aquéllos que, desde todos los bandos enfrentados, han cometido violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra y contra la humanidad.
Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos sin excusa alguna para estar como mínimo a la altura de los hombres y mujeres que siguen y trabajan allí y que cada día lo tienen más difícil, pero sobre todo a la altura de los sudaneses que tienen derecho a un futuro digno.

La fuente: Bernardino León es secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Leire Pajín es secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Su artículo fue publicado por el diario español ABC (Madrid).

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