Washington. (AFP).- El presidente estadounidense George W. Bush sufrió un nuevo revés en su "guerra contra el terrorismo" este lunes, cuando un fallo judicial lo obligó a reconocer los derechos de presuntos terroristas arrestados y detenidos en Estados Unidos.
Una corte federal de apelaciones dictaminó este lunes que el presidente Bush no tiene la facultad para mantener en detención ilimitada al presunto terrorista Ali al-Marri, el único "combatiente enemigo" prisionero en Estados Unidos.
"Aún asumiendo la verdad de las acusaciones del gobierno, el presidente carece de poder para ordenar a los militares que capturen y retengan indefinidamente a Al-Marri", dictaminó la corte. "Esto no significa que Al-Marri deba ser liberado", aseguró la corte, agregando que el acusado podría enfrentar cargos criminales civiles o ser deportado.
Al-Marri llegó a los Estados Unidos el 10 de setiembre de 2001 con una visa de estudiante junto a su mujer y cinco hijos. A los tres meses de su llegada fue arrestado por presunto fraude con tarjeta de crédito.
El gobierno estadounidense lo declaró en el 2003 "enemigo combatiente" y ordenó su traslado a una prisión militar en Carolina del Sur. Según el gobierno, Al-Marri habría sido entrenado en los campos de Al Qaeda en Afganistán y le habría manifestado a Osama bin Laden su intención de llevar a cabo una misión suicida a mediados de 2001.
Al-Marri recurrió a la justicia federal para cuestionar su detención, recurso que el gobierno pidió que sea rechazado, invocando una ley dictada en 2006 sobre el tratamiento a presuntos terroristas detenidos en la base de Guantánamo, Cuba, que entre otras cosas les prohíbe apelar a la justicia civil antes de haber sido juzgados por un tribunal militar.Sin embargo, el tribunal federal de apelaciones de Richmond, considerado uno de los más conservadores del país, respondió que "la nueva ley no se aplica a Ali al-Marri".
Marri podría sin embargo enfrentar cargos criminales en una corte civil. "Como otros acusados de actividades terroristas en este país, desde los que bombardearon la ciudad de Oklahoma a los conspiradores que aún quedan vivos de los ataques del 11 de setiembre, Al-Marri puede ser enviado a fiscales civiles, juzgado por cargos criminales y severamente castigado", dictaminó la corte.
El Fiscal General Alberto Gonzales reaccionó con cautela a la decisión judicial. "Estaremos obviamente revisando cuidadosamente la decisión", dijo Gonzales. "Entonces tendremos que tomar la decisión apropiada en nombre de los Estados Unidos de América".
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