El caso Prats: la confirmación

publicado en el diario La República de Montevideo

"El general Pinochet me encargó averiguar si había vigilancia respecto del general Prats, porque éste le había dicho que se sentía amenazado en Buenos Aires. Por eso ordené seguir sus pasos".

Francisco Marin (*) - Santiago De Chile

Esta fue la versión que dio el jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, para justificar la vigilancia a que sometió al comandante en jefe del Ejército durante el mandato de Salvador Allende (1970-1973), Carlos Prats González, asesinado junto con su esposa, Sofía Cuthbert, la madrugada del 30 de setiembre de 1974 en la capital argentina.
Contreras declaró al juez Alejandro Solís, quien investiga en Chile la causa de este doble homicidio, según relata el magistrado a Proceso.
Al inicio del interrogatorio ¬realizado en el penal Cordillera de Santiago, donde el militar de 78 años de edad compurga una pena por varios delitos, entre ellos el asesinato del canciller Orlando Letelier en 1976¬ Solís le mostró a Contreras un oficio fechado el 24 de junio de 1974 que da cuenta de los resultados del seguimiento hecho a Prats poco antes de su muerte. El documento tenía la firma del entonces capitán del ejército Juan Morales Salgado, y venía membretado con los logos de la DINA y de la agrupación Lautaro.
El texto de Morales Salgado detallaba las actividades de Prats, sus teléfonos, sus hábitos, sus ingresos económicos y la seguridad de su hogar, ubicado en la calle Malabia del barrio Palermo de la capital argentina. "En su domicilio no tiene custodia porque yo pude llegar libremente hasta el tercer piso", dice el oficio en su inciso F). En el I) menciona: "Visita solamente a su amigo personal Ramón Huidobro". Y en el J): "Varía diariamente su recorrido al trabajo".
Solís obtuvo el documento el martes 19 y de inmediato acudió al penal a interrogar a Morales Salgado, quien al verlo "quedó demudado", dice el juez durante la entrevista. El militar admitió que la rúbrica del documento era suya y terminó por aceptar que sí siguió los pasos de Prats en Buenos Aires. Asimismo dijo que él entregó personalmente el informe a Contreras, que era su jefe.
Contreras relató al juez que también anexó al texto un croquis del edificio en que vivía el matrimonio Prats Cuthbert. Durante el interrogatorio Morales explicó al juez que lo copió del que fue elaborado por Enrique Lautaro Arancibia Clavel, un agente de la DINA que es hasta hoy el único condenado por el doble homicidio. El croquis fue utilizado por Michael Townley ¬ciudadano estadounidense y agente de la DINA¬ quien instaló e hizo detonar el explosivo plástico C4 que provocó la muerte del general Prats y su esposa.

La trama del asesinato
A la luz de estas revelaciones, la explicación de Contreras en el sentido de que el objetivo de seguir a Prats era protegerlo resulta inverosímil, entre otras razones porque, como está acreditado en el proceso, la Cancillería chilena se negó a darle pasaportes al matrimonio Prats Cuthbert a pesar de las reiteradas solicitudes al respecto efectuadas a partir de julio de 1974.
Si las autoridades chilenas hubieran querido darle protección al militar exiliado, habrían encomendado esta tarea a algún funcionario de la embajada chilena en la capital argentina o al agregado militar, además, nunca se hubiera enviado desde Santiago a un capitán que formaba parte de la brigada Lautaro, la más feroz dentro de la DINA durante la dictadura de Pinochet.
Esta brigada realizaba sus actividades en la clandestinidad y apenas en enero pasado se supo de su existencia, en el contexto de la causa judicial por los asesinatos de casi todos los dirigentes del Partido Comunista perpetrados en 1976.
En su libro "Operación Cóndor", John Dinges afirma que en agosto de 1974 el secretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, fue visitado en Berlín por Markus Wolf, jefe de la división internacional del servicio de inteligencia de Alemania Oriental, la Stasi. Según Dinges, Wolf "le dijo a Altamirano que tenía información fidedigna sobre un plan de la DINA para aniquilar a Prats en Buenos Aires". Y le recalcó que era algo inminente: "Tienes que sacarlo de Argentina enseguida".
Al parecer Altamirano se comunicó de inmediato con uno de sus contactos en Buenos Aires, quien a su vez puso a Prats al tanto del plan. Le propusieron varias posibilidades para que pudiera escapar de Argentina, país que se hundía en la anarquía y estaba dominado por el fascismo desde que Juan Domingo Perón murió, el 1º de julio de 1974, y el poder quedó en manos de su viuda, Isabelita Perón.
Pese a las advertencias de sus compañeros en el exilio, Prats dijo que no abandonaría Argentina hasta tener un pasaporte chileno. La inteligencia francesa también advirtió al general que su vida corría riesgo si permanecía en Buenos Aires. Por el contrario, la CIA, que también estaba al tanto de la trama para asesinarlo, no hizo nada.
El abogado de las tres hijas del matrimonio Prats Cuthbert, Hernán Quezada, comenta a Proceso que antes de que se conociera el documento de Morales Salgado ya había evidencia suficiente para condenar a los ocho acusados. Pero, subraya "por primera vez hay una prueba por escrito de este crimen de la DINA".
Además, agrega el litigante, "lo importante es que quien entregó el oficio, el brigadier Pedro Espinoza ¬segundo en la jerarquía de la DINA¬ lo obtuvo en 2004 de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Si esto es así, todo indica que es posible que aún exista documentación relevante (de la DINA y de otros cuerpos represivos) para aclarar los diversos procesos que se siguen en Chile por violación a los derechos humanos".
Angélica Prats Cuthbert se entrevistó el pasado miércoles 27 con el comandante en jefe del Ejército, Oscar Uzurieta, a quien le solicitó todo el material que posee sobre el crimen de su padre. Izurieta se comprometió a facilitar al ministro Alejandro Solís todos los archivos de la DINE.

Otras pruebas
En la causa también se encuentra acreditado, según la acusación presentada por el ministro Solís el pasado 25 de enero, que en el período inmediatamente anterior al doble homicidio operó en Argentina "una célula de la DINA integrada por más de seis individuos (...) que disponía de explosivos de gran poder y que estaba compuesta por varios oficiales del ejército de Chile". Los integrantes recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires, como el Banco del Estado de Chile y Lan Chile.
En su querella, Solís señaló que esta célula de la DINA se dedicaba fundamentalmente a la vigilancia de exiliados chilenos. Era, según él, "una organización de carácter terrorista que aceptaba la violencia extrema como recurso para combatir a los opositores políticos... (Asimismo) planeó la eliminación física del general Carlos Prats por considerarlo peligroso para la permanencia del gobierno militar".
La versión del juez chileno concuerda con la de la magistrada argentina María Servini de Cubría, quien en el proceso que siguió por la muerte de Prats consiguió, en 1999, una declaración del agente Michael Townley. Este le señaló que a mediados de 1974 Pinochet mencionó una reunión con agentes de la Dina en la que estuvieron Townley, Contreras y otros oficiales. Ahí, Pinochet expresó sus temores de que Prats se transformara en un líder de la lucha contra su régimen y ordenó ejecutarlo.
El encargo recayó en los jefes de Operaciones, Pedro Espinosa, y del Departamento Exterior, Raúl Iturriaga Neumann, ambos de la DINA. Estos se pusieron en contacto con Arancibia Clavel, quien era la avanzada de la DINA en Argentina. Este a su vez los puso en contacto con Juan Martín Ciga, líder del grupo fascista Milicia e integrante de la Acción Anticomunista Argentina (Triple A). Arancibia le entrego a Ciga 20 mil dólares para que cometiera el crimen. Pero no lo hizo.
Tras el fracaso, Espinoza reclutó a Townley, un electricista que siempre aspiró a ser agente de la CIA pero nunca lo logró. Era julio de 1974.
Los primeros días de setiembre de aquel año, Townley y su esposa, Mariana Callejas, viajaron a Buenos Aires. Lo hicieron con el explosivo que le había entregado Iturriaga, quien pronto se le unió para apoyar la misión. Iturriaga les mostró el domicilio de los Prats. Una semana antes del crimen, Townley y su mujer se apostaron frente al departamento de Malabia y pudieron cerciorarse de que la vigilancia que en un principio tuvieron los Prats había sido retirada tras la muerte de Perón.
La noche del 29 de setiembre, los Prats fueron a cenar con su amigo Ramón Huidobro, quien había sido el embajador del gobierno de la Unidad Popular en Argentina. Desde hacía dos días, Townley había instalado una bomba en el vehículo del matrimonio chileno.
La noche del atentado, Callejas tenía el detonador. Prats había bajado del auto para abrir la puerta del garaje. Fue en ese instante cuando Townley le quitó el dispositivo de control remoto y presionó el botón. El general y su esposa murieron al instante.
La descripción del atentado la ha hecho Townley en tres ocasiones. La primera en 1992 al detective chileno Rafael Castillo, como parte de la investigación del asesinato del canciller Orlando Letelier. Siete años más tarde, el agente de la DINA dio la misma versión a la jueza Servini de Cubría. Y en febrero de 2005 repetiría su versión ante el juez Solís.
A pesar de sus múltiples crímenes, el agente estadounidense de la DINA se encuentra en libertad y bajo protección del Departamento de Justicia de su país, con el cual arregló una pena reducida por el asesinato de Letelier a cambio de entregar a sus cómplices anticastristas cubanos.
El proceso judicial por el asesinato de Prats se instruyó desde el mismo día en que fue cometido. Estuvo a cargo del Juzgado Nacional en el Criminal y Correccional Federal Número 1. La causa durmió durante años, hasta que en 1991 se conoció el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Chile) en el que se adjudicaba a la DINA la responsabilidad de las muertes de Prats y su esposa. Ese mismo año tomó el caso en Argentina la jueza Servini de Cubría, en su calidad de titular del Juzgado Federal Número 1.
La ministra ordenó la detención de Enrique Arancibia Clavel en 1996 y cuatro años después el Tribunal Oral de Buenos Aires lo condenó a reclusión perpetua como autor del doble homicidio. Ese mismo año, 2000, la Justicia argentina solicitó a Chile la extradición de seis agentes de la DINA y del general en retiro Augusto Pinochet. *

(*) En acuerdo con la revista mexicana Proceso