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La ley de propiedad privada divide a los comunistas chinos

PABLO M. DÍEZ CORRESPONSAL PEKÍN.

Casi seis décadas después de que Mao Zedong nacionalizara la propiedad privada en China, el régimen comunista otorgará a las posesiones particulares las mismas garantías que a las públicas.
Planteando un debate que contradice los principios del comunismo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular, Wang Zhaoguo, presentó ayer el borrador de la Ley de Propiedad. Aunque la propiedad privada ya fue incluida en la Constitución china como un «derecho inviolable» en 2004, ésta es la primera normativa específica al respecto, por lo que ha dividido al régimen comunista.
No en vano, el primer proyecto de ley sobre la regulación de la propiedad empezó a redactarse en 1993, pero no se incluyó hasta nueve años después en un borrador sobre derechos civiles. En 2005, dicho documento iba a ser debatido en la Asamblea, el máximo órgano legislativo del régimen, pero fue retirado por la oposición de los sectores más conservadores del Partido Comunista.
En esta ocasión, y tras haber sido redactado seis veces, el Gobierno ha presentado un borrador que contiene verdaderos malabarismos lingüísticos para contentar a los tradicionalistas. Así, la ley insiste en que «la propiedad pública es la base de la economía socialista de mercado», pero aclara que «la protección de la propiedad privada es decisiva para estimular las iniciativas de la gente para crear y acumular riqueza».
Articulada en cinco partes que se dividen en 247 artículos y 19 capítulos, la Ley de Propiedad establece el mismo nivel de protección para las posesiones estatales, colectivas e individuales.
Las primeras incluyen los recursos naturales, las infraestructuras, las pertenencias del Gobierno y la tierra, que sigue siendo del Estado. Sin embargo, el pueblo tiene el derecho de usufructo de la misma durante 70 años, por lo que se plantea la duda de qué ocurrirá con las viviendas construidas tras ese tiempo.
Herencia
En este sentido, la Ley de Propiedad establece que «las personas individuales tienen derecho a disfrutar de bienes inmuebles adquiridos con sus ingresos legales, así como a heredarlos».
Eso no significa, de momento, que puedan pasar a manos privadas las tierras de los 800 millones de campesinos que viven en el paupérrimo mundo rural. Continuando con la dinámica impuesta tras el fin de la colectivización, los agricultores podrán seguir cultivando dichas fincas para su subsistencia por periodos prorrogables de treinta años, pero su titularidad será colectiva.
Para impedir los abusos de poder y la corrupción de las autoridades, que causan cada año la expropiación irregular de unas 200.000 hectáreas de tierras agrarias, la Ley de Propiedad insiste en «el pago de indemnizaciones a los campesinos desahuciados y en su derecho a un realojamiento digno».
Pero la realidad es que los corruptos gobiernos locales suelen dar espectaculares «pelotazos» inmobiliarios a costa de las tierras de los más pobres. Por ese motivo, se teme que esta nueva disposición no sólo no sirva para atajar tan grave problema, que genera miles de revueltas populares al año, sino que además consolide el estatus alcanzado por los nuevos ricos gracias a dichas operaciones fraudulentas.