CONTUNDENTE. DICTAMEN AFIRMA QUE "AMBOS ESTABAN AL TANTO DE LOS MÉTODOS REPRESIVOS QUE SE UTILIZABAN CONTRA PERSONAS"
FISCAL GUIANZE PIDIÓ AYER LA CONDENA PARA EL DICTADOR BORDABERRY Y BLANCO
por Mauricio Pérez (La República)
La fiscal Mirtha Guianze solicitó ayer la condena del ex dictador Juan Maria Bordaberry y del ex canciller Juan Carlos Blanco a la pena de 30 años de penitenciaría, por los homicidios de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y del matrimonio de ex militantes del MLN Tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976.
En este sentido, la representante del Ministerio Público solicitó al juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, la condena de ambos referentes del proceso cívico-militar como coautores responsables de un delito "complejo de homicidio muy especialmente agravado".
"En su calidad de gobernantes, actuando las políticas represivas que sembraron el terror en nuestro país, determinaron a sujetos de menor jerarquía a ejecutar los delitos, bajo compromiso de impunidad, los que se llevaron a cabo, además, con la previa conexión con autoridades argentinas, previendo la utilización de un aparato represivo trasnacional", expresa la acusación fiscal a la cual accedió LA REPUBLICA.
"SABÍAN"
La "especial ubicación dentro del organigrama del gobierno cívico militar de los procesados, y su activa participación en los órganos de decisión, conducen a la plena certeza de que ambos estaban al tanto de los métodos represivos que se utilizaban contra personas opositoras al régimen, fueren guerrilleros o no", agrega el escrito.
Ambos "sabían de las torturas que se practicaban en los establecimientos de detención, militares o policiales, y los aprobaban. Sabían que había muertos y desaparecidos como consecuencia de tales operaciones, habían recibido múltiples denuncias, documentadas, no sólo de familiares de las víctimas sino de organismos internacionales".
Sin embargo, "frente a tal evidencia, su actitud fue de abierta cobertura a esa actividad criminal, que ellos mismos prohijaban. No sólo se trataba de negar esos hechos, sino de procurar la impunidad a los ejecutores directos. Estos se ajustaban al plan trazado, y se les aseguraba que la estructura terrorista del Estado impediría su persecución". "Los crímenes de que se trata no fueron hechos aislados, sino resultado de una estrategia definida, llevado a cabo por un aparato dictatorial", indicó la fiscal.
Por esta razón, "no atribuimos a Bordaberry y Blanco el mero conocimiento de los crímenes y la consiguiente omisión en proceder para impedir los excesos. A nuestro juicio, es claro que participaban en las esferas de decisión", ya que "integraban la estructura de poder que la dictadura cívico-militar instauró, tenían injerencia sus decisiones y aseguraron el marco institucional de actuación de las fuerzas represivas en las dos orillas del Río de la Plata ".
Asimismo, la fiscal marcó las coincidencias entre el pensamiento de Blanco y Bordaberry, al considerar a los "países del Cono Sur" como "últimos bastiones de la civilización cristiana". "Ambos sustentaban un pensamiento político común en estos puntos, que se tradujo en acciones concretas de la más dura represión, sin límite alguno", lo cual se avala en documentación obtenida en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
SECUESTROS
La acusación de la fiscal Guianze, por la cual se solicita la condena del ex dictador Bordaberry y del ex canciller Blanco realiza un pormenorizado detalle de los secuestros de Michelini, Gutiérrez Ruiz y del matrimonio Barredo Whitelaw, así como de los sucesos previos a la concreción de los operativos.
Michelini y Gutiérrez Ruiz se "vieron obligados" a exiliarse en la República Argentina , ante la situación imperante en Uruguay, al igual que el histórico líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. La actividad desempeñada por ellos como "nucleamiento opuesto a la dictadura (...) así como sus relaciones internacionales, su intervención en foros y la posibilidad de que sus denuncias (sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura uruguaya) repercutieran en el exterior, era preocupación del gobierno de facto", recuerda la acusación.
Dentro de ese contexto, el gobierno uruguayo canceló la validez de sus pasaportes. "Por ese entonces ya se sabía, entre los exiliados, que estaban operando fuerzas represivas uruguayas en Argentina y que había compatriotas desaparecidos". Incluso, Michelini "tenía la certeza de que era vigilado constantemente, temía represalias uruguayas y había recibido amenazas", señaló Guianze.
Entre el 13 y el 18 de mayo, efectivos militares procedieron a la detención de las cuatro víctimas. Los captores actuaron "con total impunidad", lo cual evidenciaba una "zona liberada" para perpetrar los secuestros. Wilson Ferreira, en tanto, pudo escapar de las fuerzas represivas y obtener asilo diplomático en la Embajada de Austria. Las pruebas demuestran la participación de efectivos uruguayos en dichos operativos.
HOMICIDIO
Los cuerpos sin vida de los dos ex legisladores y del matrimonio fueron encontrados el 20 de mayo de 1976, dentro de un auto robado. El cuerpo de Michelini en el piso trasero y los restantes en el baúl "impregnados en sangre y con claros signos de muerte violenta".
"Sobre el tablero ubicaron un sobre que contenía una nota tamaño oficio, mecanografiada, en cuyo margen superior izquierdo había una bandera celeste y blanca con estrella roja en su centro e inscripción 'ERP' y la imagen del 'Che' Guevara como fondo".
En este sentido, la aparición de los cuerpos "torturados y acribillados" de Barredo y Whitelaw, junto a los de Michelini y Gutiérrez Ruiz, al igual que la nota, con identificación del ERP, que hacía mención a un ajusticiamiento por venganza y a la llamada Junta Coordinadora Revolucionaria "son muestra de que se buscó encubrir a los verdaderos autores y al móvil de los delitos".
Sin embargo, los símbolos del ERP y la nota fueron "una estrategia destinada a relacionar la actividad de los ex parlamentarios con la de personas vinculadas en el pasado con el MLN y desvinculados o escindidos al momento de su detención". Tampoco la participación de la dictadura uruguaya finalmente pudo esclarecerse.
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