02 septiembre 2009

COORDINACIÓN FEDERAL, ARMA DE LA TRIPLE A

TODO: ¿QUÉ INTERESES SE OCULTAN TRAS EL SILENCIO IMPERATIVO DE CIERTOS GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS QUE NO TOCAN EL PERIODO DE LA TRIPLE A, COMO SI FUESE HIERRO CANDENTE? DESDE EZEIZA, CON LOS MATONES CRIMINALES DEL CORONEL OSINDE Y RECLUTADOS POR LA NORMA KENNEDY, QUE DISPARARON SOBRE LA MULTITUD POPULAR QUE FUE A RECIBIR A PERÓN, YA EMPEZÓ A ACTUAR EL CROQUIS DE LA TRIPLE A.
PERO SIGUE EL SILENCIO, SILENCIO TOTAL. ¿QUIÉN IMPONE ESE "LAVARSE LAS MANOS"? ¿ESE MIRAR PARA OTRO LADO? ¿PORQUÉ CALLAN, MADRES, HIJOS Y MUCHAS OTRAS ORGAS DE DDHH? AQUÍ VA UN NUEVO TEXTO... ANDRÉS ALDAO


La historia de Coordinación Federal

Por Carlos Rodríguez

En los años sesenta, pero sobre todo a partir del golpe que en junio de 1966 encabezó el general Juan Carlos Onganía, la Superintendencia de Coordinación Federal pasó a ser el eje de la represión política en el área metropolitana. Si en un acto político o gremial –realizados siempre en la clandestinidad– se escuchaba el grito de advertencia “vienen los de Coordina”, el desbande era inmediato. Coordinación Federal fue contemporánea y luego sucesora, dentro de la Policía Federal, de lo que durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón fue la “Sección Especial”, que funcionaba en la comisaría 8ª, frente al Hospital Ramos Mejía, en General Urquiza al 500, bajo las órdenes del coronel Jorge Osinde. Desde 1974 y sobre todo luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Coordinación Federal, en el lúgubre edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue uno de los más activos centros clandestinos de detención de la Capital Federal.
“Hacía varios días que percibía que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la mañana cuando me desperté con el ruido de vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitación. Me encañonó el comisario (Juan Carlos) Morales. Con él estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapiés no terminaba más. Como tenía un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ahí mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinación Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas.” El relato fue hecho a Página/12 en agosto del año pasado por el uruguayo Antonio Viana Acosta, detenido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1974. Estuvo tres meses preso y luego fue enviado al Uruguay, donde la dictadura lo tuvo en cautiverio ocho años más. En su detención participaron grupos que pertenecían a la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), que lideraba en esos años Julio Yessi, mano derecha de José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Los métodos de Coordinación Federal fueron acuñados por el comisario Alberto Villar, creador dentro de la policía del cuerpo de Guardia de Infantería. Un grupo encabezado por el propio Villar había estado, en 1969, durante la represión de obreros y dirigentes gremiales que participaron del Cordobazo, en mayo de ese año.
En materia de persecución política, Coordinación Federal ya comenzó a destacarse, junto con la Sección Especial, durante los primeros gobiernos del general Perón. Uno de sus jefes, en ese tiempo, fue el capitán Abel Rodríguez. En la dictadura militar que comenzó en 1976, su jefe más reconocido fue el coronel del Ejército Alejandro Arias Duval. Desde fines de 1975, en el edificio de Moreno 1417, se asentó el Grupo de Tareas 2, que dependía del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason. La “patota” del GT-2 estaba asentada en el tercero y en el cuarto piso del edificio, que hasta hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura.
Los pisos cinco, seis y siete fueron utilizados como centro clandestino de detención. Los detenidos permanecían en condición de “RAF” (en el aire), es decir que sus nombres no figuraban en ninguna nómina legal de personas privadas de su libertad. También existieron muchos casos de prisioneros a los que luego se les dio el “traslado final”, como se llamaba la orden de ejecución sin juicio. Uno de los casos más conocidos fue el ocurrido la noche del 2 de julio de 1976 y en los días sucesivos. Decenas de personas fueron asesinadas a mansalva como represalia por un atentado cometido por la guerrilla contra el edificio de Coordinación Federal.
De ese asesinato en masa fue prueba el libro de entradas de la Morgue Judicial de la Capital Federal, donde en ese mes y año se elevó en forma notoria el número de cadáveres N.N. ingresados. Durante años, el total de entradas era de uno o dos cuerpos N.N. por día. Entre el 3 y el 7 de julio de ese año, el total de cuerpos llegó a 46, casi todos con la misma causa de muerte: “Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis, hemorragia interna”. En todos los casos, acompañaba un informe similar: “Hallado junto con otros siete cadáveres en el interior de una playa de estacionamiento en Chacabuco 639, Capital”.
Otros 30 cuerpos aparecieron en otra ocasión en el partido de Pilar. “Uno (de los detenidos) me comentó que la noche anterior al hallazgo de 30 cadáveres en Pilar habían sacado treinta presos de Coordinación Federal” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
“Las tres estábamos vendadas y esposadas, fuimos manoseadas durante todo el trayecto y casi durante todo el traslado. La misma persona vuelve a aparecer con alguien que dice ser médico y quiere revisarme, ante lo cual fui nuevamente manoseada sin ningún tipo de revisación médica seria. Estando medio adormecida, no sé cuánto tiempo después, oí que la puerta del calabozo se abría y fui violada por uno de los guardias.” El relato, hecho en su momento ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), es una muestra del trato que se daba a la mujeres en el centro clandestino de Coordinación Federal.
Patrick Rice, sacerdote católico irlandés que estuvo secuestrado en el mismo lugar, vio que entre las detenidas estaba María del Socorro Alonso, que fue torturada a pesar de que estaba embarazado, lo que le provocó la pérdida del bebé. “Allí me pusieron en una celda y había unos seis presos en el mismo pasillo en otros calabozos, otros cuatro muchachos en una celda grande y otras tantas mujeres en otra celda grande. Había una cruz svástica pintada en la pared del fondo (...) según me comentaron, algunos guardias abusaban de las mujeres allí” (Legajo 6976 de la ex Conadep).
El grupo central de represores que actuó en Coordinación Federal (Morales, Villar, Arias Duval) conjugaba a personeros del peronismo de extrema derecha con altos funcionarios de la dictadura militar. En 1975, antes de ser ministro del Interior de la dictadura, el general Albano Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal y como tal, responsable de la formación del GT-2 que funcionó en Coordinación Federal. En los últimos años de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, como para tender un manto de olvido, la vieja “Coordina” recibió el nombre edulcorado de Superintendencia de Seguridad Federal, y en democracia pasó a ser Seguridad Metropolitana.

1 comentario:

alicia-susana-gomez-bruzzone.blogspot.com dijo...

SEGURÁN INTENTÁNDOLO SEGUIREMOS OPONIÉNDONOS.
ali
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ACTUALIDAD:
Autos de civil y agentes con doble ingreso.

El 42 por ciento de los autos a comprar serán “no identificables”, un porcentaje llamativamente superior al de otras policías. Contrariando la legislación nacional, los retirados que ingresen tendrán doble salario.

Por Gustavo Veiga (Página 12)

El Plan Trienal de la Policía Metropolitana para el período 2009/2011 incluye en este año la compra de un porcentaje muy alto de vehículos no identificables. Si se toman en cuenta que se van a adquirir cincuenta patrulleros y otros 36 automóviles sin identificación, se completará una flota donde el 42 por ciento de las unidades será imposible de detectar. Según dos fuentes consultadas por Página/12 en la Policía Federal y en la Bonaerense, ese número está muy por encima de registros semejantes en esas fuerzas. “El 15 o 17 por ciento de nuestro parque automotor, que tiene unos 10 mil coches en total, no son identificables”, aseguran en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Un comisario de la Federal que pidió reserva de su nombre, consideró que “son muchos” los vehículos de esas características cuya incorporación anunció el gobierno porteño, y que están incluidos en su nuevo equipamiento. El Plan lo ideó el renunciante Jorge “Fino” Palacios con la venia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad. Su herencia, simbolizada en los autos sin insignias, tiene un pasado y un presente que no requieren explicar su significado.
La edición del Plan Trienal, publicada en papel ilustración y distribuida en la Legislatura porteña entre algunos diputados, describe la puesta en ejecución y desarrollo de la Policía Metropolitana que por ahora conduce el comisario mayor retirado Osvaldo Horacio Chamorro, el sucesor de Palacios. Los cinco aspectos que despliega son Operaciones, Personal, Instrucción Policial, Legales y Reglamentarios, y Logística. En el último ítem se menciona que está prevista “una importante inversión en equipamiento, armamento, uniformes y móviles durante el año 2009 que proseguirá en 2010 y 2011, para acompañar el incremento programado de la planta de personal...”
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Y UN POCO DE HISTORIA:

En 1977, el ministro del Interior Albano Harguindeguy mandó adquirir noventa automóviles no identificables para apuntalar la represión policial en varias provincias. Con un expediente secreto, el 274/77, se compraron los Ford Falcon por 432 millones de pesos de esa época, unos 7593 dólares por unidad, que se terminaron de abonar en marzo de 1978, en vísperas del Mundial de fútbol. El documento que lo prueba es una pieza única que se salvó de la destrucción ordenada por los militares y lo conserva el Archivo General de la Nación. Los noventa Falcon fueron a parar a Catamarca (10), Corrientes (10), Chaco (5), Chubut (8), Entre Ríos (5), Formosa (6), Neuquén (3), Río Negro (6), Salta (5), San Juan (5), San Luis (5), Santa Cruz (8), Santa Fe (10) y Tierra del Fuego (4). En la mayoría de los casos, los móviles sin chapa patente sirvieron para operativos clandestinos en los que se secuestraba a personas que luego se transformaban en desaparecidos. La utilización de autos no identificables continúa en democracia, aunque aggiornada por las diferentes fuerzas de seguridad. Uno de los últimos episodios con mayor repercusión pública ocurrió en marzo de este año en jurisdicción de la comisaría 44 de la Policía Federal. Dos efectivos de esa dependencia y uno de la 35 secuestraban a presuntos delincuentes en móviles sin patente. Les pedían rescate a cambio de no armarles causas judiciales. La banda también estaba integrada por barrabravas de segunda línea del club Vélez. La discrecionalidad en el uso de estas unidades provocó bajas entre las propias fuerzas de seguridad.