El juez investiga un bombardeo contra Gaza de 2002 que acabó con la vida de 14 civiles

La Fiscalía pide a Andreu que archive la causa contra Israel

El juez investiga un bombardeo contra Gaza de 2002 que acabó con la vida de 14 civiles

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy el archivo provisional de la investigación que sigue el juez Fernando Andreu sobre el ataque israelí en la franja de Gaza del 22 de julio de 2002, ya que de la documentación facilitada por Israel se desprende que aún se están investigando estos hechos. El pasado mes de enero, el juez Andreu admitió a trámite la querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por estos hechos, y un mes después decidió seguir investigando porque de la documentación mencionada entendía que en Israel no había habido una investigación judicial.
Andreu, tras analizar la documentación aportada por Israel, consideró entonces que no existía ninguna investigación criminal abierta en ese país. No obstante y según la información aportada por Israel, una comisión estatal investiga el llamado caso Shehadeh una vez que el Tribunal Supremo, que reconoció un "error de cálculo", echó por tierra varios intentos de procesar el ataque.

El bombardeo tenía como objetivo acabar con la vida del dirigente de Hamás Salah Shehadeh. Para ello se utilizó un caza F-16 del Ejército israelí que lanzó una bomba de una tonelada sobre su vivienda en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza, una de las zonas residenciales más densamente poblados de la ciudad. El proyectil causó 15 víctimas mortales y 150 heridos. Su explosión alcanzó de lleno a la familia cuyos siete miembros fallecieron.

La querella de PCHR señala como responsables del ataque al entonces ministro de Defensa, Ben-Eliezer, al jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz, al general del mando sur del Ejército, Doron Almog, al asesor de seguridad Giora Eiland, al secretario militar del ministro, Michael Hertzog, al jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad.

Según han informado fuentes fiscales, es conveniente el archivo de esta investigación porque, si se llevara a cabo, "España se convertiría en una tercera instancia".