TODO: SI LE INTERESA ESTE ARTÍCULO, DIFÚNDALO Y COMÉNTELO. JUSTIFIQUE MI TRABAJO, Y SUS PALABRAS SERÁN COLABORACIÓN Y ALIENTO. ANDRÉS ALDAO
Ahaztuak 1936-1977
En su última sesión plenaria, el Ayuntamiento de Arrasate acordó hacer suya la propuesta presentada por Debagoineko Fusilatuen Senitarteko eta Lagunen Batzordea, integrante de Lau Haizetara Gogoan, para « hacer justicia » con las personas de esta localidad fusiladas y desaparecidas como consecuencia del golpe de estado de 1936.
La propuesta fue aprobada con el voto en contra del único concejal del PP y 19 a favor, correspondientes a la izquierda abertzale, EB-Zutik, Aralar, EA, PNV y PSOE. En nombre de este último grupo, Pako García mostró su conformidad con el texto presentado por la citada comisión. En esta declaración institucional, el Ayuntamiento manifiesta que las víctimas del franquismo tienen derecho a « recibir el reconocimiento basado en la verdad, la justicia y la reparación, transcurridos 72 años de silencio e impunidad desde el alzamiento militar fascista ».
También reconoce el « carácter político de los vecinos reprimidos, encarcelados y muertos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales », con todas las consecuencias que se deriven, como la abolición de los sumarios y las decisiones judiciales tomadas en contra de ellos.
Tras recordar que ni en la transición ni con la Ley de Memoria Histórica se les ha exigido a los responsables de los crímenes franquistas « ninguna responsabilidad política y judicial », el Consistorio afirma que no se pueden considerar delitos comunes sino « crímenes contra la humanidad, por lo que la imprescriptibilidad de los delitos se mantiene ».
Testimonios de vecinos
En otro punto, el Ayuntamiento constata que muchos familiares y vecinos de fusilados y desaparecidos « están dispuestos a que los servicios notariales recojan sus testimonios de forma inmediata para dar mayor valor ante la administración judicial que juzgue estos crímenes ».
Por último, muestra su disposición a sufragar los gastos que puedan originarse de estas actuaciones judiciales, así como a apoyar con medios económicos y técnicos todos aquellos procedimientos judiciales que sirvan para « conseguir justicia ».
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