La justicia argentina ordena que el dictador Videla continúe en prisión

Rechazada la petición del represor para quedar de nuevo en arresto domiciliario

ALEJANDRO REBOSSIO - Buenos Aires - 23/12/2008


El dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), de 83 años, no podrá regresar al piso donde vivía con su esposa, en el distinguido barrio de Belgrano, en Buenos Aires, sino que deberá permanecer en una cárcel común dentro del regimiento militar de Campo de Mayo, a las afueras de la capital. Así lo dispuso ayer la Cámara de lo Criminal y Correccional Federal, que rechazó la petición de Videla de volver a su domicilio, de donde había tenido que marcharse en octubre pasado por decisión de un juez de primera instancia.
Videla, que encabezó la dictadura militar más cruel de la historia argentina, fue condenado en 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, a prisión perpetua por violaciones de los derechos humanos, pero en 1990 el entonces presidente, Carlos Menem, lo indultó. Permaneció libre durante ocho años, hasta que en 1998, cuando Menem aún gobernaba, la justicia ordenó su arresto domiciliario por delitos que no habían sido juzgados en la década anterior: el robo de bebés que detenidas desaparecidas tuvieron en cautiverio. Por esta causa y por el secuestro de dos empresarios, Videla está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, que dispuso hace dos meses su traslado a una prisión controlada por el Servicio Penitenciario Federal, aunque emplazada en terrenos del Ejército. La mudanza había sido solicitada por organismos de derechos humanos, que reclaman que todos los criminales de la última dictadura argentina cumplan sus condenas en cárceles comunes y no en las militares.
"No pueden existir diferencias ni privilegios a favor de Videla", habían reclamado a la justicia la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, querellante en el secuestro de los hermanos empresarios Gutheim, y la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que demanda a Videla por la sustracción de sus nietos. Los querellantes estaban comparando la situación del primer jefe de la última dictadura (1976-1983) con la de otros procesados por delitos de lesa humanidad del mismo periodo.
El juez Oyarbide determinó en octubre que, como la Corte Suprema había declarado el año pasado —durante el Gobierno de Néstor Kirchner— la inconstitucionalidad del indulto de Menem, "Videla volvió a ostentar carácter de condenado" por la causa iniciada en 1984 y finalizada en 1985. Ayer, dos de los tres magistrados de la Sala Segunda de la Cámara Federal ratificaron la decisión de Oyarbide. Uno de ellos, Horacio Cattani, argumentó que "no existen exámenes médicos que fundadamente justifiquen que Videla deba permanecer bajo la modalidad de arresto domiciliario". El tercer juez votó a favor del regreso de Videla al hogar por su edad y por haber respetado el arresto domiciliario durante 10 años.
Videla aún espera el juicio oral por los casos del secuestro de los Gutheim, el robo de bebés, la Operación Cóndor (el acuerdo entre las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para la represión ilegal de izquierdistas en la región durante los años setenta) y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Primer Cuerpo del Ejército.
Organismos de derechos humanos calculan que 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, mientras que un informe oficial constató en los ochenta unos 11.000 casos.
La polémica por la detención de los criminales de la dictadura se reavivó la semana pasada, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación a una veintena de ex marinos con prisión preventiva, entre ellos los emblemáticos represores Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta. La fiscalía y el Gobierno apelaron la decisión ante la Corte Suprema y así se evitó la liberación de los acusados. Ayer, uno de magistrados de aquella Cámara, Guillermo Yacobucci, intentó defenderse, ahora que el Ejecutivo quiere destituirlo: dijo a una radio que los ex militares llevaban siete años presos sin condena, un plazo superior al permitido por la prisión preventiva. Y criticó a los jueces que llevan adelante los procesos por lentitud: "Hay un retardo de justicia que es culpa del poder judicial". Por último, aclaró que los delitos del último régimen le generan "repugnancia visceral".