EL RETORNO DE PANDORA

Robinson "del campo", solo, patético, con un cartelito de mierda...
Apuntes sobre la crisis política en Argentina


Ezequiel Meler − Rebelión - 18-06-2008


Se han marchitado los laureles de nuestro país, y los
meteoros hacen que se oculten de espanto las estrellas fijas
en el cielo; la luna de pálido rostro lanza resplandores
sangrientos sobre la tierra, y los profetas de semblante
escuálido cuchichean anuncios de cambios terribles.
William Shakespeare, Ricardo III,
Acto III, escena IV.


Siempre resulta complicado enhebrar interpretaciones de acontecimientos en despliegue. Nueve de diez veces, el analista sabe de antemano que ha de elegir el camino equivocado. Pero, pasado cierto tiempo, y en vista de que la crisis política desatada por el conflicto entre las corporaciones agropecuarias y el gobierno de Cristina Kirchner ha asentado con toda normalidad sus reales en la vida cotidiana de nuestro país, sin visos de resolución a la vista, tampoco se puede dejar de pensar sobre ella, a la espera –que ya parece eterna- de su improbable desaparición. Sobre todo porque, a medida que pasan los días, y los meses, queda cada vez más claro que las transformaciones acontecidas en este lapso son duraderas, y que los problemas que afrontamos, a la vez similares y distintos respecto de otras encrucijadas del pasado, vienen para quedarse. Una razón adicional es la forma en que la contienda va proyectando su desenlace. Como el fantasma de Hamlet, el espectro de la violencia, otro viejo conocido de nuestra vida pública, se cierne, de modo cada vez más amenazante, sobre las luces y sombras de un diferendo que insiste en aparecer como iniciado en torno a la elevación de un simple derecho aduanero. Finalmente, es urgente volver sobre este conflicto porque queda claro que, ya hecho carne en diferentes sectores de la sociedad como una lucha absoluta, a todo o nada, ya no importa la verdad, ni tampoco quién tiene razón. Importan, sí, las consecuencias del resultado, de la eventual victoria, y también de la eventual derrota, de cada uno de los bandos para los sectores que los apoyaron. En un conflicto de estas características, dichas consecuencias suelen ser devastadoras.
Ante todo, queda claro que el conflicto entre las corporaciones de productores agropecuarios y el gobierno ha reabierto la Caja de Pandora de nuestra historia reciente. En dos sentidos, al menos. En primer lugar, ha reaparecido, en su desnudez socialmente más insensible, la crisis de representación que decantara en diciembre de 2001, con la caída del gobierno de Fernando De La Rúa. El discurso antipolítico instalado entonces, que inicialmente pudo mostrarse, para más de algún observador aventurado [1] , como el germen de un cuestionamiento social del orden establecido, devino en un residuo de rencores y amarguras sin canalizar para buena parte de los sectores medios urbanos. Rencores que, y así ingresamos en el segundo elemento, se fueron revolviendo y envenenando ante el surgimiento, desde 2003, de un nuevo “gobierno popular”.
La combinación espuria del desencanto de parte de la sociedad con la política como actividad –extendido, a veces, a la democracia como régimen político-, con el hechizo del “retorno de la política” [2] encarnado en el proyecto nacional de Néstor Kirchner, estaba destinada, más tarde o más temprano, a encauzarse como un curso de colisión frontal. Esta inevitable conclusión apareció claramente en ocasión de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y volvió a asomar cabeza, con mayor virulencia aún, en el transcurso de la campaña electoral que coronó, apenas seis meses atrás, a Cristina Fernández como presidenta electa de la Nación. Antipolítica neoliberal en el primer caso, antiperonismo visceral en el segundo. La crisis desatada por el conflicto con las entidades agrarias permitió la condensación de ambos elementos, en un movimiento de oposición no institucional, que por sus características y apoyos agrieta seriamente las expectativas de vida de la democracia argentina en el porvenir inmediato.
En una secuencia que, como me ha recordado en estos días Federico Vázquez, recuerda mucho al largo conflicto del gobierno y la oposición de Venezuela en torno a la huelga de los gerentes de PDVSA, diversos sectores se “colgaron”, para decirlo coloquialmente, de una lucha de intereses sectoriales para mostrar su enojo respecto de su condición de minoría, así como respecto del curso de la política nacional. Como lúcidamente advirtió la presidenta en una de sus múltiples alocuciones, esa rabia primaria tenía poco que ver con la discusión sectorial concreta, y mucho que ver con otros aspectos de la agenda pública –en particular, con la revisión del “pasado – presente” que supone la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad durante el transcurso de la última dictadura militar-. Tenía también que ver, y en esto hubo menos lucidez, con la continuidad de la crisis de autoridad desatada en las jornadas de diciembre de 2001, de las que, al parecer, muchos dirigentes opositores extrajeron la conclusión de que un gobierno democrático podía ser derrocado, sin daños mayores para el régimen democrático como tal, y aún sin el recurso a las Fuerzas Armadas como sujeto de la acción destituyente. Ante la perspectiva irremediable de otra derrota, estos mismos dirigentes han fogoneado y fogonean, incluso con anterioridad a su derrota en octubre, cualquier alternativa que erosione el poder del gobierno en términos institucionales, articulando su conducta, si es necesario, con grupos completamente ajenos a las prescripciones propias de una república democrática. En la mirada de personajes como Elisa Carrió y, en menor medida, Mauricio Macri, lo que 2001 enseña, y este conflicto reafirma, es que tal vez no sea necesario esperar otros cuatro años para alternar con el gobierno saliente. Lo que se preguntan menos –y, a no olvidarlo, se les pregunta menos- es si la continuidad de esta lógica puede ser compatible con las condiciones mínimas de gobernabilidad que requiere todo gobierno.
En diversos trabajos, publicados en este y otros espacios, se ha aludido a la lógica política de los actores económicos en pugna –los exportadores, los pooles de siembra, los terratenientes tradicionales, etc. [3] También ha sido expuesta, con la suficiente contundencia, la complicidad de los medios de comunicación masiva con el movimiento opositor, así como sus intereses comunes con la alianza de corporaciones agropecuarias [4] . Los dirigentes opositores se han posicionado por sí mismos del lado de la patronal agraria, a la espera de que acontecimientos que no pueden desencadenar por sí mismos abran el paso a un cambio de gobierno. No es tampoco un secreto, al menos para nadie que quiera saberlo, que el núcleo inicial del debate –la movilización ante la “crítica situación” de los chacareros, en un contexto de “rentabilidad en extinción”- se ha revelado falaz: los sectores en protesta, aún con la aplicación de las discutidas retenciones móviles, ganan más que antes [5] . Por eso, el eje de la polémica se fue desplazando recientemente de modo subrepticio: aunque el escollo formal de la negociación sigue siendo, en principio, la fijación del porcentaje correspondiente a los derechos de exportación, los barones de la soja tradujeron su reclamo a términos institucionales –“federalismo”, “división de poderes”, “democracia participativa”-, esto es, ingresaron de lleno en el lenguaje de la política, pero sin asumirse como un actor que acepta las reglas del juego político como tal.
Así, pudieron presentar como legítima reiteración de un método de protesta válido la realización de piquetes indefinidos y sistemáticos, explícitamente dirigidos al transporte de cargas y alimentos, que amenazaron –y, en parte, cumplieron- con desabastecer a las grandes ciudades. Más tarde, presentaron de igual modo como “campaña de concientización”, con bombos y platillos, el intento –hasta ahora, poco exitoso- por extorsionar y “apretar” a los líderes políticos locales (intendentes, legisladores, gobernadores), “demandando” el apoyo a su causa sin plantear la posibilidad del disenso. Todo ello, vale recalcarlo, con el obsceno apoyo de los mismos multimedios que dos años atrás se escandalizaban del corte de rutas efectuado por obreros desocupados y sectores empobrecidos. Por todas estas razones, se fue generando un indudable proceso de polarización política, que se centró en la toma de posición frente al método del piquete, método que no sólo contraría el antecedente de los piquetes esporádicos de trabajadores desocupados, sino que implica ni más ni menos la voluntad de un sector económico de arrogarse poderes de policía y ejercicio del derecho público, impidiendo por tiempo indeterminado el tráfico comercial destinado al mercado interno, el tránsito de personas y el transporte de mercaderías. Todo esto ha sido suficientemente descrito y analizado, y no es mi intención volver aquí sobre ello.
El sábado 14 de junio, cuando, finalmente, el gobierno se disponía a desalojar a uno de los piquetes más emblemáticos de esta contienda –el que se localiza en la intersección de las rutas nacionales 12 y 14, en cercanías de la ciudad de Gualeguaychú, el conflicto pareció llegar a su ground zero. Pese a que la medida había sido anunciada por medios nacionales con veinticuatro horas de anticipación, pese a que la gendarmería nacional actuaba en evidente ejercicio de sus facultades, pese a la presencia de una orden judicial, el desalojo pacífico ordenado por Buenos Aires, manejado con soberana impericia por el comandante local, se convirtió en uno de tipo violento. El gobierno, que cumplía acabadamente con una medida necesaria, prescrita por instrucción judicial, en el marco del Estado de Derecho y demás garantías constitucionales, volvió a perder estrepitosamente el control de los acontecimientos: la dirigencia agraria inició un sinnúmero de piquetes “espontáneos”, convenientemente “cubiertos” por los medios masivos, a escala nacional. La liberación de Alfredo de Ángeli, referente local de la Federación Agraria Argentina –que, pese a su historia, actúa en la coyuntura como fuerza de choque de los señores de la tierra y del capital-, fue convertida en el escenario propicio para el relanzamiento del lock out patronal más largo que haya enfrentado el país desde el retorno de la democracia. Horas después, el gobierno nacional respondió con una numerosa convocatoria en Plaza de Mayo, que anticipa el inicio de una confrontación directa por el control del espacio público. En la concentración, como un manifestante más, estuvo por espacio de más de media hora el ex presidente Néstor Kirchner.
Tras esta larga pero en cierto modo inevitable introducción, nace la pregunta: ¿Y ahora? El conflicto parece estar en fojas cero, la imagen pública de la presidente se ha deteriorado, los recursos institucionales a su disposición se encuentran deslegitimados por un sector considerable de la población, y mientras tanto la crisis política se profundiza. El logro de “no judicializar la protesta social”, tan celebrado por su éxito en el tratamiento de las acciones dirigidas por los sectores excluidos y empobrecidos, aparece ahora, en un fulminante efecto bumerang, como una espada de Damocles sobre la cabeza de la conducción política del país. Las fronteras entre lo legítimo y lo legal se difuminan a gran velocidad a medida que los barones de la soja incrementan su cerco sobre el gobierno, y la respuesta de éste, apelando a la “defensa de las instituciones”, suena a poco para un electorado y una base social que bien sabe del escaso contenido concreto de las mismas. Para peor, la estrategia oficial consistente en recurrir a la política monetaria, apreciando el peso, como mecanismo de presión sobre las exportadoras, acelera inevitablemente los tiempos de la confrontación, en la medida en que expone a las corporaciones a pérdidas por valores siderales, en un contexto internacional signado por precios externos sumamente favorables para las materias primas del país.
El gobierno, ya lo hemos dicho, perdió desde el inicio la que siempre valoramos como su arma por excelencia: la iniciativa política [6] . Y ese hecho, que aisladamente no dice demasiado, sí señala su falta de voluntad por adecuarse a este escenario de pesadilla, radicalizando la democracia hacia el plano social en la misma medida –pero, en sentido contrario- a la radicalización política de las asociaciones de interés, en su avanzada sobre las facultades del Estado. No es visible, al menos por ahora, un plan de contingencia que incluya medidas favorables a los sectores más desprotegidos, tanto rurales como urbanos, a fin de ampliar la base de consenso respecto del papel de ese Estado cuestionado de plano por los piquetes del poder. Dentro del Congreso, vaciado ahora por la propia mayoría oficialista, esperan los proyectos de reforma de la ley de arrendamientos, así como iniciativas que contemplan la creación del ente nacional de comercialización que controle a las grandes multinacionales, un plan de alimentación para atacar el problema del hambre y la indigencia, una nueva normativa de radiodifusión, la derogación de la legislación financiera promulgada por la última dictadura militar, la reforma del código electoral (conocida como “reforma política”) y demás reclamos y necesidades de una sociedad diariamente bombardeada por discursos mediáticos que señalan alegremente la “esterilidad” de un conflicto en el que, en verdad, se juega todo. En la misma medida, los hechos de ayer demuestran que no es viable la solución del conflicto a través de la imposición del orden, sea por medios convencionales, sea por la invocación de la Ley de Defensa de la Democracia o de la implantación del Estado de Sitio, que tan malos recuerdos trae a los dirigentes políticos.
Estas señales conforman un cuadro de debilidades estratégicas que abarcan falencias en la comunicación del propósito de las medidas oficiales, amagues tácticos de ataque a los intereses más concentrados que rápidamente son descartados, deserciones de un “campo popular” muy poco homogéneo y débilmente encuadrado en la estructura tradicional del justicialismo, proyectos de redistribución del ingreso trabados en su implementación, etc. Este cuadro, a su vez, expresa a los gritos su diagnóstico: la crisis del kirchnerismo como proyecto político de apertura y democratización del Estado, proyecto que comenzó su naufragio mucho antes de que Cristina Fernández de Kirchner se calzara la banda presidencial [7] . A su favor, el gobierno cuenta con el clarísimo perfil clasista de la oposición, que amedrenta a muchos sectores del progresismo y, principalmente, de los sectores populares, expuestos a la perspectiva de una restauración de la república oligárquica conservadora, restauración que expresaría el retorno de lo peor de nuestra historia desde 1955 a la fecha. Pero, sin su voluntad de avanzar en una senda de reformas sociales que zanje la disputa respecto de quién garantiza el interés común, todo ello suena a poco. El kirchnerismo, que hizo amigos como quien construye un basurero nuclear, integrando en su seno a caudillos provinciales que le garantizaran el resultado aún sin el menor contenido, se ve ahora en la misma paradoja expresada por Cooke respecto del peronismo: tiene los enemigos que se merece, lo que no se merece, en cambio, son sus amigos…
Como resultado de lo antes mencionado, y de todo lo dicho en oportunidades anteriores, queda claro un panorama general de sendas tonalidades grisáceas, que separan discursos grandiosos sobre la unidad y el porvenir de la nación respecto de realidades mucho más modestas. Analizando los discursos de la última campaña electoral, María Esperanza Casullo señalaba lo siguiente:
“Desde un punto de vista, que la política esté recorrida por discursos que apelan a la inclusión, al pluralismo, a difuminar los límites entre “nosotros” y “ellos” es un avance hacia formas racionales de resolver diferencias políticas. El peligro es terminar así en una política en la que o bien no hay diferencias (la política reducida al ámbito gris de la administración burocrática) o bien esas diferencias, al no poder expresarse de manera propiamente política, derivan en conflicto. Habrá que ver qué nos depara el destino.” [8]
Parece claro, ¿no?
http://horizontelibertario.blogspot.com/


[1] Me refiero, por tomar un caso, a John Holloway: Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Buenos Aires, Herramienta, 2002, p. 11, en su disparatado elogio del “Que se vayan todos”, como utopía fundante de un nuevo socialismo.
[2] “El regreso de la lucha de clases”, entrevista a Nicolás Casullo, en Página 12, 04/11/2007.
[3] Meler, Ezequiel: “Modalidades de concentración en la Argentina reciente. Los pooles de siembra”, en www.rebelion.org, 03/05/08.
[4] Casullo, Nicolás: “Medios, política y sociedad. Una nueva historia vieja”, en Pagina 12, 20/04/2008.
[5] Julio Sevares: “Los números dicen: aún con retenciones el campo gana más”, en http://weblogs.clarin.com/i-desarrollo.
[6] Véase Meler, Ezequiel: “Acerca del surgimiento y crítico presente de las constelaciones progresistas. El caso argentino”, en www.rebelion.org, 29/11/2005.
[7] Meler, Ezequiel: “El kirchnerismo en la encrucijada”, en www.rebelion.org, 27/04/08.
[8] Casullo, María Esperanza: “La exclusión popular”, en Página 12, 31/10/2007.