El ex dictador uruguayo Álvarez, en prisión por las desapariciones

El ex dictador Gregorio «Goyo» Álvarez, a su llegada a un juzgado de Montevideo


ABC − MONTEVIDEO. La Justicia uruguaya ordenó ayer el procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Álvarez, en una causa por violación a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), quince meses después de los primeros enjuiciamientos del régimen militar.
Comandante en jefe del Ejército en 1978 y presidente del gobierno de facto entre 1981 y 1985, Álvarez fue procesado como «coautor de reiterados delitos de desaparición forzada» cometidos con los traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados, según precisó la fiscal Mirtha Guianze a France Presse. El juez Luis Charles consideró en su dictamen que la responsabilidad del ex represor recae en el traslado en 1978 de una veintena de presos políticos por tierra, mar y aire, secuestrados antes en los centros clandestinos de detención argentinos conocidos como pozos de Banfield, Quilmes y COTI-Martínez.

Renuncia a la defensa

Por el mismo delito, el magistrado dictó el procesamiento del capitán de navío Juan Carlos Larcebau y emitió una orden de captura internacional para el oficial de la Armada Jorge Tróccoli, sobre quien recaen idénticos cargos.
Los procesamientos de Álvarez y Larcebau son los primeros de la jurisprudencia uruguaya bajo la figura de «desaparición forzada», promulgada en el país en 2006 en el marco de la ley de crímenes de lesa humanidad y prevé una pena de dos a veinticinco años de penitenciaría por tratarse de un delito considerado permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.
Una vez conocido el fallo, el abogado de Álvarez, Carlos Curbelo Tammaro, a quien la Corte Suprema de Justicia desestimó la pasada semana tres recursos en cuatro días, renunció a la defensa y alegó la falta de garantías que constituyen el debido proceso legal. Álvarez, de 82 años, que ya está encarcelado en el centro de reclusión de militares Domingo Arena, podrá ahora nombrar un nuevo defensor o aceptar el que le designe la justicia de oficio, con un plazo de cinco días para presentar una eventual apelación. Gregorio Álvarez dijo desconocer el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre los regímenes militares de los años 70 en el Cono Sur.